Hay una verdad incómoda que atraviesa gobiernos, empresas, iglesias y hasta hogares: quien tiene poder rara vez lo cede sin resistencia, y mucho menos acepta que se le pregunte por qué lo ejerce como lo ejerce.
La pregunta incomoda porque desnuda. Y lo que se desnuda, ya no se controla igual.
George Bernard Shaw lo resumió con precisión: “el poder no corrompe a los hombres; los tontos, sin embargo, si llegan a una posición de poder, corrompen el poder.” El problema nunca ha sido el poder en sí.
Es lo que hacemos o dejamos de hacer cuando alguien lo ejerce sin rendir cuentas.
Lo vemos todos los días. Un funcionario que responde con evasivas cuando un periodista pide cuentas. Una empresa que califica de “ataque” cualquier crítica de sus consumidores.
Un líder que convierte el cuestionamiento legítimo en una ofensa personal, en lugar de una oportunidad para explicar, corregir o mejorar.
Aquí en República Dominicana tenemos un ejemplo que lo ilustra con claridad. Durante el proceso electoral presidencial, la periodista Nuria Piera denunció que agentes de seguridad allanaron residencias y oficinas de algunas de sus fuentes, luego de que ella revelara en su programa el financiamiento de un senador dominicano a una campaña presidencial extranjera.
El International Press Institute tuvo que pedirle al Estado dominicano proteger el derecho a la información de la ciudadanía. Así reacciona el poder cuando se le pregunta: no siempre con una respuesta, a veces con presión hacia quien se atrevió a hablar.
Y los números acompañan esta realidad. República Dominicana ocupa hoy el puesto 44 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, con un retroceso en su indicador político frente al año anterior.
Vale reconocer que también existen espacios de apertura formal, comparecencias semanales ante medios, un marco legal que no registra nuevas amenazas según la Sociedad Interamericana de Prensa. La pregunta que vale la pena hacernos es si esa apertura se traduce en respuestas reales, o se queda en gesto.
Esto no es exclusivo de la política. Lo vivimos en las organizaciones, en las familias, en las relaciones de pareja.
Quien tiene el poder de la última palabra, un jefe, un padre, un socio, tiende a interpretar el cuestionamiento como desafío a su autoridad, en lugar de como una invitación al diálogo. Y ahí está el verdadero riesgo: cuando dejamos de preguntar por miedo a la reacción, alimentamos el silencio que permite que los abusos de poder se perpetúen.
Las generaciones más jóvenes, Millennials, Generación Z, y ya asomándose la Generación Alpha, están cambiando esta ecuación. Cuestionan con una naturalidad que incomoda a las estructuras tradicionales, porque crecieron entendiendo que la transparencia no es un favor, es un derecho.
Como dijo Malala Yousafzai: “cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa.”
¿Y qué hacemos con esto?
Propongo algo simple pero exigente: normalicemos la pregunta como herramienta de construcción. Que cuestionar al poder, en cualquier espacio, deje de ser un acto de valentía excepcional y se convierta en un hábito cotidiano de ciudadanía consciente.
Que las instituciones entiendan que responder con apertura fortalece su legitimidad.
El poder que se sostiene únicamente porque nadie se atreve a cuestionarlo, no es poder legítimo: es control disfrazado de autoridad. Y las sociedades que prosperan son, precisamente, las que se atreven a preguntar más allá del titular.
