Santo Domingo.– Exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) habrían accedido a la base de datos de la institución para obtener información confidencial de afiliados y sus planes de salud, que posteriormente era utilizada, en asociación con médicos bajo investigación, para elaborar formularios de reclamaciones médicas por servicios que los afiliados «no habían solicitado ni necesitaban», según detalla la medida de coerción a la que tuvo acceso Noticias SIN.

Acceso a datos y reclamos falsos

Conforme al documento, la estructura investigada habría funcionado de manera permanente y coordinada, con una división de funciones destinada a la confección, validación y reporte de autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas.

La investigación señala que para estas operaciones se utilizaban de manera ilegítima datos personales y sensibles de afiliados que, según el Ministerio Público, nunca solicitaron, recibieron ni requirieron las prestaciones médicas que aparecían certificadas como realizadas.

El expediente sostiene que el esquema incluía la falsificación de documentación médica y administrativa, así como el uso consciente y sistemático de documentos falsos e información confidencial, lo que habría afectado a miles de afiliados y provocado un perjuicio patrimonial a Senasa.

Acceso a información confidencial

De acuerdo con la medida de coerción, entre los empleados internos señalados figuran Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros exempleados que permanecen bajo investigación.

Sede de SeNaSa en República Dominicana, en contexto de denuncia por uso indebido de datos de afiliados y reclamaciones fraudulentas
Edificio de Senasa en República Dominicana.

El documento indica que estos habrían utilizado su acceso a la base de datos de Senasa para obtener información confidencial de los afiliados y sus planes de salud.

Posteriormente, y siempre según la investigación, esa información era compartida con médicos que también están bajo investigación, quienes procedían a completar formularios de reclamaciones médicas a nombre de afiliados que no habían solicitado los servicios.

En dichos formularios se incorporaban datos personales de los afiliados, diagnósticos, consultas y procedimientos. Además, según el expediente, se falsificaban las firmas de los beneficiarios.

Los documentos eran posteriormente firmados y sellados por los médicos, quienes además colocaban el código del prestador de servicios de salud (PSS), con el propósito de dar apariencia de legalidad a los trámites cuestionados.

Servicios que los afiliados no habrían solicitado

La medida también establece que, en otros casos, Ángel Luis Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y sus asociados habrían facilitado deliberadamente información personal de los afiliados a médicos investigados.

El objetivo, según el Ministerio Público, era que estos elaboraran formularios de reclamaciones médicas sustentados en diagnósticos y procedimientos que no existían y que nunca fueron solicitados o realizados.

Para completar el proceso, en los formularios se habría consignado información falsa y utilizado los datos personales de los afiliados, además de falsificar sus firmas.

La investigación sostiene que, mediante estas acciones, se habría suplantado la identidad de los beneficiarios para presentar reclamaciones ante Senasa y obtener beneficios económicos.

Médicos bajo investigación

  • Dentro de la investigación son mencionados los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashel Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Méndez de Medina, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Marcelino Eusebio Figuereo.

También aparecen Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno y Rafael Mauricio Cabral González, entre otros que, de acuerdo con el documento, actualmente son objeto de investigación.

El Ministerio Público sostiene que estos médicos, en asociación con Ángel Luis Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y otros investigados, habrían estructurado y ejecutado, de manera coordinada, el esquema investigado.

Autorizaciones y cobros con fondos públicos

La medida de coerción señala, además, que los investigados habrían seleccionado estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción con SeNaSa, con el propósito de reducir el riesgo de que las maniobras fueran detectadas.

A nombre de esos afiliados se iniciaban solicitudes de autorización a través del call center de Senasa.

Una vez obtenidas las autorizaciones, según el expediente, se completaba el proceso mediante la elaboración y presentación de facturas sustentadas en documentación presuntamente falsificada.

El proceso culminaba con el desembolso de fondos públicos a favor de los médicos investigados por servicios que, de acuerdo con el Ministerio Público, los afiliados nunca solicitaron ni recibieron.

La investigación agrega que parte de esos recursos habría sido posteriormente retornada a Ángel Luis Guzmán y a integrantes del grupo investigado.

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