Los acontecimientos de las últimas horas en torno al Senasa no solo sobrecogen por su dramatismo, sino también por las preguntas que plantean sobre el ejercicio profesional. El cuadro descrito por el Ministerio Público involucra a médicos y otros prestadores de servicios de salud en el conocido entramado de corrupción alrededor del seguro estatal. La investigación ha identificado 4,363 autorizaciones por consultas y procedimientos que, según las autoridades, los afiliados no solicitaron ni recibieron. De probarse esas acusaciones, lo que hasta ahora conocíamos sería apenas una parte de una urdimbre mucho mayor.
Una dimensión especialmente grave del caso es que entre los investigados aparecen personas a quienes la sociedad ha confiado el cuidado de la salud. Como pacientes, aceptamos diagnósticos y procedimientos cuyo fundamento no estamos en condiciones de juzgar por nosotros mismos. La relación funciona porque suponemos que el conocimiento del médico será utilizado en nuestro beneficio. Quizá por eso, cuando aparece un caso que contradice esa expectativa, queremos pensar que se trata de una conducta aislada y no de un problema extendido. La magnitud que las autoridades atribuyen a los hechos hace más difícil conformarnos con esa presunción.
La cuestión debería ser especialmente punzante para las universidades y los gremios profesionales. Ninguna institución puede hacerse responsable de la conducta posterior de cada uno de sus egresados, y sería absurdo pretenderlo. Pero hay razones para preguntarse si algo se está debilitando en los estándares éticos del ejercicio profesional y si estamos haciendo lo suficiente para que la formación ética ocupe el lugar que merece junto a la formación técnica.
Todavía corresponde a la justicia establecer responsabilidades, si es que ciertamente las hay. Si el episodio sirve para avivar una discusión sobre la responsabilidad que acompaña al conocimiento profesional, al menos habrá dejado algo más que vergüenza, desconcierto y estupor.
