EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles cuando los diputados se disponen a conocer el Código Procesal Penal en segunda lectura, antes de aperturar la sesión sostuvieron una reunión cargada de «hermetismo» con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
En este encuentro al que la prensa no tuvo acceso, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y miembros de la Comisión Permanente de Justicia, que fue la encargada de analizar la modificaciones que llegaron desde el Senado y rendir un informe que fue respaldo con el voto favorable de la mayoría de los parlamentarios en su primera discusión.
Esta reunión con la magistrada Reynoso y el representante del ejecutivo ha generado un clima de tensión en el órgano legislativo.
La sesión que había sido programada para iniciar a 1:00 de la tarde, fue postergada por este encuentro que ha generado incertidumbre sobre lo tratado.
Y es que juristas y legisladores han expresado en diversas ocasiones que este proyecto de reforma le otorga «demasiado poder» al Ministerio Público, advirtiendo de las consecuencias que esto podría tener el sistema judicial.
Entonces nos preguntamos: ¿Harán los diputados con el Código Procesal Penal un traje a la medida de la procuradora?
El órgano persecutor ha planteado una serie de propuestas que van desde ampliar los tiempos razonables de los procesos, aumentar de 18 meses a 2 años y años la prisión preventiva, la declaratoria de rebeldía, entre otros aspectos.
Algunos de estos puntos fueron objeto de modificación en la primera discusión realizada la noche de este pasado martes, pero, ¿Podrían revertirlo en el día de hoy? Habrá que ver qué sucede en el pleno.
El exprocurador general Francisco Domínguez Brito, se mostró preocupado por el contenido del Código Procesal Penal que se le pretende entregar a la población dominicana.
Domínguez Brito subrayó que está normativa es muy floja que no ataca el crimen organizado y que por el contrario tendría consecuencias fatales para la población más vulnerable.
Asimismo, resaltó que con la normativa que se pretende aprobar los procesos judiciales serán más lento de lo que ya son, señalando además que el costo de la justicia penal aumentaría, lo que impactaría directamente a los sectores más vulnerables.
Asimismo, advirtió que la reforma provocaría un incremento en la cantidad de internos preventivos, llenando aún más las cárceles del país con personas de escasos recursos acusadas de delitos menores. Sin embargo, afirmó que el mayor riesgo es que la normativa mantenga espacios de impunidad para el crimen organizado, los atracadores y estructuras delictivas que afectan la seguridad ciudadana.
Tanto el Ministerio Público como la Suprema Corte de Justicia y la Defensoría han estado presente en las discusiones sobre la modificación a la normativa jurídica desde que estaba en manos de los senadores y al llegar a la Cámara Baja se convirtieron en integrantes de una subcomisión que buscaba lograr un consenso para poder darle una nueva ley al país totalmente equilibrada.
Sin embargo, se ha venido denunciando que tanto desde el Poder Ejecutivo como del órgano persecutor de crímenes y delitos se está presionando para modificar artículos que están relacionados con los plazos que deben duran los procesos en los tribunales.
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