El Consejo de Ministros, reunido ayer, aprobó el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. La propuesta contempla un techo de gasto de alrededor de RD$1.84 billones, equivalente a 19.2% del PIB, y un déficit estimado en torno a 3.4%. El marco presupuestario supone un crecimiento económico de 4.75% y una inflación promedio de 4.5%. Todavía es temprano para evaluar un documento que deberá ser discutido por el Congreso, aunque las primeras noticias apuntan en una dirección mínimamente razonable.
En sus explicaciones, el ministro de Hacienda y Economía llamó especialmente la atención sobre la inversión pública, que a lo largo del presente gobierno ha mantenido niveles reducidos frente a las necesidades de infraestructura y servicios públicos. Explicó que el gasto de capital aumentaría cerca de 20% con respecto al presupuesto inicial de 2026 y se colocaría alrededor de 2.7% del PIB. Por detrás de esa cifra modesta está la camisa de fuerza que resulta de unos ingresos limitados, un gasto corriente rígido tanto por razones administrativas como políticas, y una regla fiscal que restringe el crecimiento del gasto primario sin distinguir entre gasto corriente e inversión.
Las circunstancias obligan a seguir posponiendo el desafío de ampliar el espacio fiscal para que la inversión pública alcance el nivel deseable. Al margen de los ingresos, enfrentarlo requeriría revisar subsidios y, sobre todo, reducir las cuantiosas transferencias que cada año exige un sistema de distribución eléctrica que continúa generando enormes pérdidas. No sabemos todavía la medida en que la discusión del Consejo de Ministros entró en esos problemas de fondo y nos quedamos, por el momento, con el presupuesto viable. No es, por supuesto, el que deberíamos tener.
