EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La solicitud de Estados Unidos para que República Dominicana derogue el Decreto núm. 693-24 coloca al país ante una realidad que durante años se quiso ignorar: no estamos preparados para enfrentar la apertura total del mercado del arroz establecida en el DR-CAFTA.
Durante aproximadamente 20 años hubo tiempo suficiente para modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar las variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento, mejorar la mecanización y desarrollar una verdadera política nacional de competitividad arrocera. Pero no se hizo.
Esa responsabilidad debe ser asumida por el Estado y por las sucesivas administraciones que gobernaron durante ese período. No sería justo trasladar ahora a los productores las consecuencias de dos décadas de insuficiente planificación e inversión.
Una competencia entre productores desiguales
Estados Unidos no plantea únicamente la eliminación de un decreto. La solicitud busca ampliar el acceso de su arroz al mercado dominicano bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial.
El problema es que los productores nacionales tendrían que competir con una agricultura estadounidense altamente tecnificada, con mayor escala productiva, sistemas de financiamiento más desarrollados y diferentes modalidades de apoyo estatal.
No se trataría, por tanto, de una competencia entre iguales.
La eventual eliminación de la protección arancelaria establecida por el Decreto 693-24 podría comprometer el futuro de aproximadamente 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, cerca de 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que mueve más de RD$45,000 millones anuales.
Se trata de una de las principales producciones agrícolas del país, de miles de empleos y de una actividad que constituye la principal fuente de ingresos para numerosas comunidades rurales.
Riesgo para la producción nacional
Una apertura repentina podría reducir los precios pagados a los productores, provocar la acumulación de las cosechas nacionales, aumentar el endeudamiento, disminuir las áreas sembradas y ocasionar el cierre de factorías y otras empresas vinculadas a la cadena arrocera.
También podría provocar que República Dominicana pierda progresivamente su autosuficiencia y pase a depender de las importaciones para abastecer uno de los alimentos esenciales de la población.
Algunos podrían argumentar que la entrada de arroz importado produciría una reducción de precios para los consumidores. Sin embargo, no existe garantía de que toda esa diferencia llegue directamente a las familias.
Entre el importador y el consumidor intervienen el almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y los márgenes de comercialización. El productor dominicano podría resultar seriamente afectado sin que el consumidor reciba un beneficio permanente y proporcional.
Además, una vez debilitada la producción nacional, el país quedaría más expuesto a los aumentos de los precios internacionales, las crisis logísticas, los conflictos internacionales, los fenómenos climáticos y las decisiones de los países exportadores.
El arroz y la seguridad alimentaria
El arroz no es solamente una mercancía. Representa alimentación, empleo, estabilidad social, desarrollo rural y seguridad alimentaria.
República Dominicana debe respetar sus compromisos internacionales, pero también tiene la responsabilidad de preservar su capacidad para producir los alimentos fundamentales que consume su población.
Por eso, el Gobierno no debería adoptar una decisión apresurada ni aceptar la derogación del Decreto 693-24 sin contar previamente con medidas alternativas que protejan de manera efectiva la producción nacional.
El presidente Luis Abinader debería convocar una gran mesa nacional del arroz, integrada por el Gobierno, las organizaciones de productores, profesionales agropecuarios, factorías, el Banco Agrícola, universidades y centros de investigación.
También sería necesario disponer de un estudio independiente sobre el impacto económico, social y alimentario de la apertura, además de negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de salvaguardias, control de las importaciones y mecanismos de compensación.
Una política para competir
Paralelamente, el país necesita poner en marcha un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que permita reducir costos, modernizar los sistemas de riego, fortalecer la investigación, elevar la productividad y garantizar financiamiento y seguro agropecuario.
La posición de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) debe ser clara: no se trata de estar en contra del comercio ni del cumplimiento de los acuerdos internacionales, sino de evitar que el productor dominicano cargue con las consecuencias de 20 años de falta de preparación.
Hoy debe hablarse con responsabilidad y sin ocultar la realidad:
El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos.
No se preparó para ello.
Abrir completamente el mercado sin proteger primero a los productores podría conducir a un escenario de incertidumbre para la producción arrocera nacional y para miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
No podemos corregir 20 años de falta de preparación condenando ahora al productor dominicano.
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