EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El mayor general retirado del Ejército Nacional, Miguel Ángel Cordero, advirtió este miércoles que el reciente acuerdo que autoriza a Estados Unidos el uso temporal de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas en República Dominicana debe entenderse como parte de una estrategia regional para aislar al gobierno de Nicolás Maduro y reducir la influencia del narcotráfico vinculado a ese régimen.
Aunque el mayor general retirado, Ejército Nacional, Miguel Ángel Cordero, no cuestionó directamente la soberanía nacional, el experto en geopolítica señaló que el país está siendo integrado en una estructura operativa que responde a intereses más amplios que la simple lucha contra las drogas.
Cordero explicó que el acuerdo no puede analizarse de forma aislada, ya que se enmarca en la operación “Lanza del Sur”, desplegada por Estados Unidos tanto en el Caribe como en el Pacífico, con el objetivo declarado de desarticular redes de narcotráfico.
Sin embargo, subrayó que este despliegue forma parte de una estrategia de cerco geopolítico en la que República Dominicana ha sido incorporada como punto clave para completar una triangulación táctica junto a Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Granada.
Alegó que esa maniobra busca no solo cortar rutas de tráfico ilícito, sino también incrementar la presión regional sobre Venezuela.
Durante su intervención en el programa «Propuesta de la Noche», conducido por el periodista Manuel Jiménez, el general precisó que el uso combinado de infraestructura militar y civil dominicana sirve a fines que superan la logística ordinaria.
Afirmó que la autorización para operar desde San Isidro y Las Américas no se limita al abastecimiento de aeronaves o al transporte de personal, sino que se integra a una arquitectura de seguridad hemisférica orientada al control total del entorno caribeño ante un eventual colapso político o respuesta hostil de Caracas.
El general recordó que Estados Unidos ha invocado su legislación de seguridad nacional de 1973 para justificar este tipo de acciones, tras designar al “Cártel de los Soles” —presuntamente vinculado al alto mando venezolano— como organización terrorista.
Esto, según dijo, le da a Washington legitimidad para ejecutar operaciones diplomáticas, tecnológicas o incluso militares bajo el enfoque de una guerra híbrida. En ese escenario, sostuvo, República Dominicana ha sido colocada dentro de un engranaje regional que sirve tanto a fines tácticos como simbólicos.
Aunque Cordero evitó calificar el acuerdo como una amenaza directa a la soberanía dominicana, sí advirtió que su naturaleza y alcance requieren una lectura más crítica.
Señaló que, bajo el lenguaje de la cooperación, se está habilitando el territorio nacional como plataforma para operaciones de vigilancia, disuasión y posible intervención indirecta.
Agregó que cualquier nación que se incorpora a una estructura militar regional liderada por una superpotencia debe evaluar cuidadosamente su nivel de exposición y las consecuencias diplomáticas que podrían derivarse.
En ese mismo orden, el general advirtió que la presencia estadounidense en el Caribe no solo tiene como blanco a Venezuela, sino que también constituye un mensaje hacia actores como Rusia y China.
Afirmó que, pese a sus vínculos con el gobierno de Maduro, ninguno de estos países tiene en este momento la capacidad logística ni militar para responder a una ofensiva regional de Estados Unidos.
Rusia está enfrascada en el conflicto de Ucrania y debilitada en sus frentes secundarios, mientras que China concentra su atención estratégica en el estrecho de Taiwán, donde se juega una parte importante de su comercio y seguridad nacional.
Cordero también relacionó esta ofensiva con la reactivación de una versión moderna de la Doctrina Monroe, bajo un enfoque del siglo XXI.
Señaló que el cerco a Venezuela forma parte de una política más amplia de reposicionamiento estadounidense en América Latina, ante el avance de influencias extranjeras y la amenaza transnacional del narcotráfico.
En ese sentido, insistió en que la operación en curso no es exclusivamente contra el crimen organizado, sino que responde a un rediseño de las zonas de influencia en el continente.
El general concluyó que, ante este nuevo escenario, República Dominicana debe actuar con cautela. Consideró necesario que la opinión pública se mantenga informada sobre los términos y alcances del acuerdo, y que exista un control institucional sobre cómo se implementa.
Aunque reconoció el valor de la cooperación internacional en temas de seguridad, advirtió que todo compromiso de esta naturaleza debe ponderar el interés nacional y evitar que el país se vea envuelto en conflictos que no le son propios.
ADDP/
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