EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y contratista del Estado Aneudy Ramírez defendió la participación de jóvenes emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) en los procesos de contratación del Estado, a propósito de los cuestionamientos surgidos tras una investigación realizada por la periodista Nuria Piera sobre una licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), institución dirigida por Adolfo Pérez.
El trabajo periodístico aborda la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos a centros educativos a jóvenes de Azua, entre ellos las hermanas Nayelli Carolina y Luisa Margarita Beltré, de 24 y 23 años, respectivamente, socias de Beltré Beltré, SRL.
La empresa fue constituida el 22 de mayo de 2025 y seis meses después, en noviembre de ese mismo año, obtuvo un contrato por RD$48 millones. Según la información publicada sobre el caso, ambas figuran como estudiantes en sus cédulas, residen en Azua y no cuentan con historial crediticio.
En el mismo proceso, Franniel Ramírez Beltré, de 24 años y también de Azua, obtuvo un contrato superior a los RD$24 millones, mientras que Caroline Michelle Díaz Beltré, de 19 años, recibió un contrato por RD$38 millones a través de una empresa registrada en julio de 2025.
Ante los cuestionamientos planteados en la investigación, Ramírez defendió a los jóvenes y rechazó que se pretenda cuestionarlos por estar iniciándose en el ámbito empresarial.
“Me da pena que se quiera condenar a jóvenes que están emprendiendo, no importa de dónde sean”, expresó el comunicador, quien destacó que se trata de jóvenes de Azua, provincia de la que también es oriundo.
El comunicador se expresó en esos términos junto a María María, Nilson Batista, Raquel Rodríguez y Julio Samuel Sierra, durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Ramírez sostuvo que las pymes pueden participar en procesos de licitación aun cuando tengan poco tiempo de constituidas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
“Yo vine aquí a defenderme a mí y a mi empresa”, afirmó, al explicar que, según su experiencia como contratista del Estado, participó en procesos de licitación desde que constituyó su empresa.
El comunicador también rechazó los cuestionamientos relacionados con los montos de las adjudicaciones y explicó que ganar una licitación por una determinada cantidad de dinero no significa que el Estado entregue ese monto completo como avance.
“Yo nunca he visto en el Estado a nadie dándole 50 millones de pesos en una licitación”, manifestó, al señalar que los pagos se realizan mediante avances y conforme al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.
Asimismo, defendió que los procesos dirigidos a las pymes permitan la entrada de nuevos emprendedores a las contrataciones públicas y cuestionó que los grandes capitales tengan mayores posibilidades de acceder a esos negocios.
Ramírez consideró que no debe cuestionarse a una empresa únicamente por el tiempo que lleva constituida si cumple con las condiciones establecidas en el proceso. En ese sentido, sostuvo que los pliegos de condiciones determinan los requisitos que deben cumplir los participantes.
“Si el proceso es legal, si el proceso está avalado por Compras y Contrataciones, si el proceso está avalado por todos los regímenes del Estado dominicano, que usted haya ganado 40, 50, 60 millones de pesos no es que te van a dar 50 millones de pesos”, afirmó.
El comunicador también manifestó su desacuerdo con la investigación realizada por Piera y con los cuestionamientos que han surgido alrededor de los jóvenes adjudicatarios y del director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez.
“Yo no estoy de acuerdo con esa investigación”, sostuvo Ramírez, al considerar que se pretende llevar a Pérez “contra la espada y la pared”.
Ramírez reiteró que las pymes deben tener la oportunidad de competir en las contrataciones públicas y defendió que los jóvenes emprendedores puedan constituir sus empresas y participar en procesos estatales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.
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