El caso Emmanuel Contreras deja una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más tendrá la ciudadanía que hacer de detective, periodista y presión pública para que el Estado haga su trabajo?
Emmanuel Contreras, había llegado desde Bonao a trabajar y estudiar, como tantos jóvenes que vienen a la capital con una mochila cargada de sueños y la ingenua esperanza de que al llegar aquí, todo iba a ser mejor.
El 1 de julio salió a comprar un celular que había visto en Marketplace. Terminó en Los Praditos, brutalmente golpeado, con un trauma que lo mantuvo más de dos meses en estado crítico. Este martes murió. Tenía 23 años y una vida por delante.
Y aquí comienza la otra golpiza: la institucional, la del Estado
Si de algo debemos estar claros, es que en esta ponchera de país, el que no hace su diligencia temprano no logra justicia.
Mientras Emmanuel luchaba por su vida, su familia luchaba para que alguien investigara. Denunciaron, insistieron, buscaban respuestas y, según ha relatado su hermana, recibió de quien supuestamente atendía el caso (el fiscal Radhames Viloria) una advertencia para que no hicieran público lo ocurrido porque podía exponerse a consecuencias frente al nuevo código penal.
Si esa versión es cierta, estamos ante una ironía monumental: una familia pidiendo justicia y el primer consejo que recibe es que se callen.
La indignación, sin embargo, hizo lo que aparentemente no estaba haciendo el sistema: mover el caso.
Bien lo dijo Castells: “la comunicación puede convertir una experiencia individual de injusticia en acción colectiva”. Habla de cómo las personas, al superar el miedo y conectarse, pueden transformar la indignación en esperanza y movilización. Exactamente lo que ha ocurrido aquí.
La indignación tumba gobiernos y, al igual que la loto, es acumulativa.
Las redes se han convertido en las fiscalizadoras del trabajo del Estado, y cuando la avalancha es genuina, hasta lo hace temblar.
Porque hubo que hacer ruido para que el caso entrara en el radar. Hubo que indignarse para que aparecieran respuestas. Y ahora, después de la muerte de Enmanuel, las mismas autoridades que informan que el joven salió del país, son las que hoy dicen que existe una orden de arresto contra (el supuesto agresor) Lenin Núñez de León.
Pero hay algo que no puede pasar desapercibido.
Si de algo todos estamos seguros es de que los ladrones no salen con uniformes, botas y con un vehículo rotulado a robar. Precisamente por eso, cuando alguien denuncia un delito, las autoridades tienen que investigar antes de que el delito se convierta en cadáver, tendencia y escándalo nacional.
Porque el problema ya no es solamente quién golpeó a Emmanuel. El problema es quién dejó que una familia gritara durante 10 semanas mientras el expediente parecía dormir una siesta. El problema es un Estado que, demasiadas veces, necesita que sean las redes quienes lo impulsen a despertar.
En el caso de Nice B, tuvieron que ser periodistas e influencers quienes advirtieran la presencia, ubicaciones y escape de la joven del país para que los organismos de seguridad reaccionaran. O el caso de Edwin Encarnación, cuyas autoridades ni siquiera fueron a recoger los casquillos de las balas; cuatro días después tuvo que ir Tolentino y presentarlos en un programa.
Entonces uno se pregunta: ¿para qué queremos investigadores si terminamos necesitando influencers y periodistas para hacerles la diligencia?
El Ministerio Público y la Policía Nacional hacen un flaco servicio a la ciudadanía cuando reaccionan después del escándalo, investigan después de la indignación y aparecen cuando el país entero ya les señaló dónde mirar.
Emmanuel ya no puede exigir justicia. Pero nosotros sí.
Y si para que el Estado cumpla con su deber una familia tiene que gritar, insistir y convertir su dolor en tendencia, entonces hoy lo decimos por él: Yo soy Emmanuel Contreras.
