SANTO DOMINGO.- En respuesta a lo solicitado por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado del distrito judicial de El Seibo condenó a 15 años de prisión a una mujer por cometer actos de tortura y barbarie en contra de una niña de semanas de nacida, en hechos registrados en junio del año 2025.

La sentencia fue dictada en contra de Anyelina Vásquez Sosa, por las acciones cometidas en perjuicio de la niña.

El Ministerio Público inició el proceso judicial luego de que un hospital notificara a las autoridades la presencia de una niña de semanas de nacida que presentaba lesiones de gravedad y que había sido trasladada al área de emergencias por su padre.

La acusación del Ministerio Público, presentada ante el tribunal por la fiscalizadora Sugeiry Guilamo Cedano, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía del El Seibo, establece que el padre de la víctima fue informado por un familiar sobre la condición de la niña, mientras éste se encontraba en su trabajo el 7 de julio del 2025, fecha en la que trasladó a la infante a un centro médico del cual fue referido al día siguiente a un hospital pediátrico.

Al ser evaluada por los médicos, la víctima presentaba trauma craneoencefálico severo, traumas múltiples, fractura de omóplato izquierdo y hemorragia intraparenquimatosa, lesiones que fueron certificadas por el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Las lesiones habían sido causadas por Vásquez Sosa, quien aprovechó la cercanía y confianza con la que contaba para agredir a la niña, que se encontraba en condiciones de total indefensión.

La investigación comprendió entrevistas a testigos, certificado médico legal, informe de trabajo social, fotografías que documentan la condición física de la niña, entre otros elementos de prueba.

En el juicio, las juezas Ramona Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa y María del Carmen García González, variaron la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, que solicitaba 30 años de prisión para la acusada, y finalmente fue condenada por violar el Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, y el artículo 396, letra a, de la Ley 136-03, que castigan los actos de tortura y barbarie.

La sentenciada deberá cumplir la pena en la cárcel pública de Higüey.

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