EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Estudio sobre la Abstención Electoral en la República Dominicana: Voto Nacional y en el Exterior propone crear una Procuraduría Electoral con presupuesto independiente y fiscales de carrera que operen de forma permanente, como una de las medidas para fortalecer la persecución de los delitos electorales y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en el proceso.
La recomendación aparece en el apartado correspondiente a la visión de la Procuraduría General de la República (PGR) y busca dotar de mayor autonomía y permanencia a la persecución de los delitos electorales.
La propuesta cobra relevancia en un contexto en el que el estudio identifica la percepción de debilidad en la aplicación de consecuencias como uno de los factores que inciden en la desafección electoral. Entre los desafíos señalados se encuentran las percepciones sobre “prácticas de compra de cédulas y sobornos”, sumadas a la debilidad del régimen de consecuencias, que generan en el elector “una sensación de baja eficacia del sufragio”.
El estudio, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y publicado por la Junta Central Electoral (JCE), también recoge cuestionamientos sobre el momento en que actúa la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. En las entrevistas se señala que esta estructura se activa “muy tarde”, apenas semanas antes de las elecciones y se plantea la necesidad de investigar con mayor antelación para desmantelar redes ilícitas.
A partir de estas dificultades, el estudio recoge otras medidas de fortalecimiento institucional. Entre ellas figura iniciar “diálogos de sensibilización para que las organizaciones aporten pruebas fehacientes ante denuncias de irregularidades”, con el propósito de mejorar la colaboración entre los actores políticos y las autoridades encargadas de investigar los delitos electorales.
En materia legislativa, la PGR propone reformar la Ley 20-23 para establecer con mayor claridad los tipos penales electorales y evitar confusiones entre las distintas conductas delictivas. También plantea crear “reglas específicas contra la desinformación electoral digital” para proteger la integridad de la jornada.
El estudio incluye además una apuesta por la especialización técnica. Se recomienda capacitar agentes en cada demarcación en técnicas de arresto electoral y preservación de evidencias, así como estandarizar el uso de la firma digital con los jueces para agilizar la emisión de órdenes de allanamiento. También se plantean programas obligatorios de especialización en materia penal electoral para los fiscales.
Otra de las propuestas busca hacer más visible para la ciudadanía la aplicación de sanciones. El informe recomienda difundir “informes estadísticos detallados sobre los procesos penales electorales”, de manera que la población pueda conocer quiénes fueron sancionados y cuáles fueron las consecuencias legales de las infracciones.
A esto se suma el uso de herramientas tecnológicas para facilitar las denuncias. La propuesta contempla “plataformas tecnológicas que permitan la denuncia ciudadana en tiempo real bajo anonimato”, con herramientas de geolocalización para proteger al denunciante y aportar evidencias sobre posibles irregularidades.
El paquete de medidas también incluye mecanismos de vigilancia en los alrededores de los centros de votación, mediante sistemas tecnológicos que permitan monitorear sus perímetros y reducir el proselitismo ilícito. Asimismo, se plantea que el personal de los colegios permanezca en sus puestos durante toda la jornada y vote en su lugar de trabajo para disminuir riesgos de duplicidad.
De acuerdo con el estudio, estas propuestas forman parte de una respuesta más amplia al problema de la abstención, que no se limita a facilitar el acto de votar, sino que busca fortalecer la confianza en que las reglas electorales se cumplen y que las infracciones tienen consecuencias. La investigación fue elaborada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL y la JCE asumió la edición, diagramación y difusión de la versión final.
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