SANTO DOMINGO.- Jueces del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum, ejecutada por el Ministerio Público contra la comercialización ilícita de armas de fuego y pertrechos.
En el Distrito Nacional, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso garantías económicas mediante contrato de fianza: RD$4,000,000.00 a Braulio Veras Rodríguez, RD$3,500,000.00 a Henry Leónidas Tejeda Peralta y RD$3,000,000.00 a Alexis Díaz Rodríguez. A Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena se les fijó RD$2,000,000.00 a cada uno, mientras que Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán presentar RD$1,000,000.00. A todos se les impuso además impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público.
En Santo Domingo Este, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso garantía económica de RD$500,000.00, bajo las mismas condiciones, a María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
El caso involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán, Armería Eliezel, y en Santo Domingo Este a Los Héctor y Joso Eirl.
La jueza Veloz acogió la calificación jurídica del Ministerio Público por violación a los artículos 66 párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan la tenencia, el acopio o almacenamiento ilícito de armas de fuego y municiones, y la intermediación ilícita. Los imputados enfrentan penas de 10 a 20 años de prisión. La resolución fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, indicó que el caso responde a la persecución penal estratégica trazada por la procuradora general de la República y envía un mensaje a quienes se dedican a esa actividad ilícita.
La Operación Armum se ejecutó el pasado 1 de septiembre con 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, con la participación de 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores de Defensa y 19 de Interior y Policía. En los operativos se ocuparon cerca de 200 armas de fuego largas y cortas —muchas sin documentación—, alrededor de 40,000 municiones sin marcaje, armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas y láser, cargadores tipo tambor y pertrechos de agencias estatales sin permiso, entre otras irregularidades como operar sin licencia o con licencias vencidas.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige Maura Martínez, junto al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, como parte de la estrategia nacional para el control de armas de fuego.
