La evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe considerar su seriedad, independencia y trayectoria, pero también su visión de futuro. En ese proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura debería procurar que quienes permanezcan o lleguen a la Corte tengan capacidad para enfrentar los grandes desafíos de un sistema de justicia en transición. Un reciente informe del PNUD sobre el Poder Judicial cae como anillo al dedo en la búsqueda de esos fines.
Su aporte es contrastar los avances institucionales con las barreras que todavía encuentran quienes recurren a la justicia. El balance reconoce una modernización tecnológica que ha transformado el funcionamiento del sistema judicial, así como mejoras en la capacidad de respuesta de los tribunales y una reducción de la mora. El país también ha evolucionado favorablemente en indicadores internacionales sobre Estado de derecho. Sin embargo, esos logros no parecen reflejarse todavía con igual claridad en la experiencia del ciudadano. Cuatro de cada diez usuarios consultados por el PNUD reportaron dificultades durante su proceso. Las demoras y los costos encabezaron los problemas señalados, junto con fallas en la atención y barreras de acceso en algunos territorios.
Cerrar esa brecha es el desafío de la próxima etapa del Poder Judicial. La Suprema que resulte de este proceso deberá conseguir que las mejoras institucionales se traduzcan en un mejor servicio y que la justicia sea más cercana, comprensible y humana. Para ello se requieren jueces y servidores mejor formados y adecuadamente remunerados. También será necesario avanzar, como ha planteado el presidente de la Suprema Corte, en normas y mecanismos que faciliten la mediación y la conciliación para resolver más conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales. La gestión actual ha recorrido un trecho importante; al nuevo liderazgo le corresponderá convertir esos avances en la justicia que el país espera.
