Este diario, en una publicación del pasado 26 de agosto, dio a conocer la presencia de bacterias en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, señalando su posible relación con un número elevado de muertes de recién nacidos en un corto período. Durante una visita a nuestro medio, el director del Servicio Nacional de Salud confirmó que tres fallecidos habían presentado cultivos positivos, aunque aclaró que esto no necesariamente significaba que la infección hubiese sido la causa de las muertes.
Los acontecimientos posteriores han mantenido viva una preocupación justificable, a medida que surgen informaciones sobre la posible presencia de bacterias nocivas en otros centros. Las autoridades dispusieron ayer la evaluación de ocho hospitales materno-infantiles y conformaron equipos especializados que deberán rendir sus conclusiones en un plazo de quince días. El resultado de esas acciones deberá despejar dudas razonables, establecer qué ocurrió y determinar qué debe corregirse.
El episodio invita a una reflexión que trasciende las causas de las muertes documentadas y lleva a recordar las condiciones deplorables de muchos hospitales a los que acude la población de menores recursos. Las deficiencias en la calidad de los servicios públicos de salud constituyen una de las manifestaciones más dolorosas de la desigualdad y la falta de inclusión social. Ahora el tema corre el riesgo de trasladarse a la arena política, como anticipan recientes declaraciones de la oposición. Sería muy lamentable, dado que la salud no pertenece al Gobierno ni a la oposición, sino a todos.
Tras haber llamado la atención sobre evidencias que apuntan a un problema, nos mantenemos atentos a las soluciones que deberán surgir. La vicepresidenta Raquel Peña lo dijo claramente: cada vida cuenta. Perderla conmueve de manera especial cuando esa vida encarna las esperanzas de una madre que acaba de dar a luz. Quien ha sido padre o madre sabe lo que estamos diciendo.
