La delegación opositora en el diálogo con el Gobierno de Venezuela considera la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobada este martes por el Parlamento, como «un paso más» para que el país tenga una alta corte «independiente» y «al servicio de la Constitución y de todos» los ciudadanos.
La reforma —la segunda que se hace de la ley este año— amplía el comité encargado de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo, cuya renovación total fue acordada por el chavismo y la oposición en el proceso de negociación, promovido por Estados Unidos.
La delegación opositora aseguró que comienza «una etapa que llevará a la designación de todos los magistrados del TSJ, y requerirá del compromiso de toda la ciudadanía».
En ese sentido, señaló que se necesitará que representantes de la sociedad civil «sean los ojos de Venezuela dentro del comité» y que juristas «integren el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales para verificar el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales de los postulados».
- Asimismo, indicó, se requeriría de «hombres y mujeres del derecho dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia y a postularse como magistrados para el nuevo TSJ».
- «Seguiremos trabajando junto a la sociedad civil para lograrlo e informando cada paso de este proceso», agregó.
El Legislativo, de mayoría oficialista, aprobó de manera unánime y sin objeciones la reforma, por lo que ahora el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 personas: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, en vez de 21, como estaba establecido anteriormente.
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El primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante, explicó el jueves pasado que se reiniciará el proceso de renovación de magistrados del TSJ, que había comenzado en abril pasado y que estaba en la fase de revisión de credenciales y de impugnaciones cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio.
El Parlamento aprobó, en mayo pasado, cuando impulsaba la primera reforma de esta ley en el año, aumentar de 20 a un total de 32 el número de magistrados del máximo tribunal, actualmente encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez y señalado por organizaciones no gubernamentales y la oposición como afín al oficialismo.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, en enero pasado, el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos, en el ámbito judicial.
