Por Carolina Alvarez
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.— El comunicador Francisco Alcántara informó que fue depositada ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santo Domingo una acción constitucional de amparo de extrema urgencia mediante la cual solicita la demolición de un muro construido en la zona del antiguo hotel Marriott, en Boca Chica, por considerar que obstaculiza el libre acceso de los ciudadanos a las playas.
Alcántara explicó que la acción judicial busca proteger el derecho de la población al libre tránsito y al acceso a las playas, las cuales, según sostuvo, son de dominio público y no pueden ser privatizadas.
El comunicador señaló que el proceso involucra al hotel Santo Domingo Beach y una administración vinculada a Globalia, grupo empresarial español relacionado con Air Europa.
“Esta acción de amparo persigue que este tribunal ordene la demolición de ese muro”, afirmó Alcántara, quien aseguró que los accionantes han documentado situaciones que evidencian una vulneración del derecho ciudadano de acceder libremente a la costa.
Alcántara informó que durante la audiencia celebrada el pasado jueves 27 de agosto, el juez actuante ordenó de oficio la citación del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a las competencias de ambas instituciones en la zona.
Explicó que Turismo debe intervenir por tratarse de un área turística, mientras que Medio Ambiente tiene atribuciones relacionadas con la protección de la franja marítima y los espacios costeros.
La próxima audiencia está pautada para el jueves 10 de septiembre, en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Asimismo, Alcántara consideró necesario conocer la posición de CESTUR y de la Policía Nacional frente a situaciones en las que se limite el acceso de los ciudadanos a las playas.
El comunicador afirmó que la acción de amparo está sustentada también en tres sentencias del Tribunal Constitucional que, según explicó, han dispuesto anteriormente el retiro o demolición de obstáculos colocados por entidades privadas para impedir el acceso de ciudadanos a zonas costeras.
Sostuvo que, debido al carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, existen precedentes suficientes para que el tribunal que conoce el caso ordene la demolición del muro.
La parte accionante está representada por el abogado Máximo Miñoso.
Alcántara aclaró que los accionantes no persiguen ningún beneficio económico particular con el proceso y que su objetivo es defender el carácter público de las playas. En ese sentido, solicitaron al tribunal que establezca una multa de RD$100,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de una eventual sentencia que ordene la demolición del muro.
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La propuesta establece que esos recursos sean destinados a Boca Chica, para contribuir al cuidado y conservación de sus playas y al desarrollo de la comunidad. También solicitaron que el proceso sea declarado libre de costos para los accionantes. “Hay familias que no van a la playa porque entienden que tienen que pagar un peaje”
Durante su participación en el espacio El Nuevo Diario de los Sábados, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el comunicador advirtió que el problema no se limita al caso de Boca Chica, sino que se extiende a otros hoteles y complejos turísticos ubicados en las costas dominicanas.
Consideró que la judicialización del caso constituye el inicio de una lucha para defender el derecho de los ciudadanos a disfrutar de espacios públicos y garantizar que las playas permanezcan accesibles para todos. “Nosotros tenemos la fe y la convicción de que tendremos ganancia de causa con este caso”, afirmó Alcántara, al insistir en que continuarán el proceso judicial hasta las últimas consecuencias en defensa del libre acceso a las playas dominicanas.
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