EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de dejar parcialmente sin efecto la resolución que prohibía la publicación de encuestas electorales fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña ha generado un intenso debate en el Congreso Nacional, donde legisladores de distintas fuerzas políticas han expresado posiciones encontradas.
Mientras algunos parlamentarios cuestionaron el accionar del órgano electoral y advirtieron que sus decisiones podrían afectar su institucionalidad, otros respaldaron la rectificación y consideraron acertado dejar sin efecto la prohibición, al entender que esta limitaba la difusión de información de interés público.
A esto se sumaron voces que plantearon que la medida debe ser sometida a un análisis más amplio y que cualquier decisión definitiva sobre la regulación de las encuestas electorales debe ser discutida y consensuada con los partidos políticos.
El diputado del partido Alianza País, Pedro Martínez, advirtió que las presiones de sectores políticos y grupos de poder debilitan la institucionalidad de la JCE y limitan su capacidad para hacer cumplir las normas electorales.
Martínez sostuvo que, pese a los esfuerzos del órgano electoral por establecer orden en los procesos, sus facultades sancionadoras han sido reducidas, tanto desde la elaboración de las leyes como mediante presiones externas.
El legislador afirmó que esta situación favorece la permanencia de prácticas como la compra de votos y otras irregularidades durante las elecciones.
«Ha habido una tendencia generalizada, frecuente de despojar a la Junta Central de garras para poder hacer su papel. Ya en el orden puramente de la elaboración de la norma, ustedes han visto que la propuesta más tendente a organizar y a que el órgano tenga la capacidad sancionadora son eliminados», sostuvo el diputado.
Sin embargo, para legisladores de los principales partidos políticos con representación en la sede legislativa calificaron como acertado que el órgano de comicios subrayando que la resolución era innecesaria.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, valoró la decisión JCE de revocar el reglamento relacionado con las encuestas, al considerar que la medida inicial no era necesaria y podía afectar la tranquilidad del ambiente político nacional.
Cedeño sostuvo que antes de adoptar cualquier decisión, una institución pública debe evaluar a quién beneficia o perjudica y cuestionó que se limite el acceso de la ciudadanía a información sobre el comportamiento del espectro político.
“Ni era correcto ni era necesario”, afirmó Cedeño al referirse al reglamento, señalando que las leyes y reglamentos deben procurar el beneficio de la ciudadanía y no generar perturbación en el país.
De su lado, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavárez, felicitó a la Junta por rectificar su decisión sobre la divulgación de encuestas, al considerar que la medida inicial coartaba el derecho de la prensa y otras instituciones a informar.
Tavárez calificó de errónea la decisión original y sostuvo que no se debe limitar la publicación de datos sobre las preferencias del electorado hacia partidos, movimientos u otras instituciones.
El legislador señaló además que las encuestas no se circunscriben al ámbito político, sino que también abarcan los sectores institucional, empresarial y social, por lo que valoró positivamente la rectificación de la JCE.
En la misma línea se pronunció el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, al expresar que fue prudente que la JCE rectificara su decisión sobre las encuestas, al señalar que esta generó revuelo por la falta de una explicación clara sobre su sustento legal y jurídico.
Raposo sostuvo que, en democracia, los órganos públicos deben explicar a la ciudadanía el fundamento de sus decisiones para evitar extralimitaciones.
Asimismo, reiteró que la JCE debe asumir su rol de árbitro del proceso electoral y advirtió sobre el proselitismo político que ya se observa a casi dos años de las elecciones, principalmente desde el partido de Gobierno.
Mientras, el presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, consideró que la suspensión dispuesta por la JCE es de carácter provisional y deberá ser definida de manera definitiva tras consultar a los partidos políticos.
Wessin Chávez sostuvo que la JCE tiene facultad para interpretar la ley, aunque señaló que la decisión sobre las encuestas no fue adoptada de manera unánime por el órgano electoral.
Asimismo, indicó que ahora corresponde abrir un proceso de consulta con las organizaciones políticas para buscar una solución definitiva al tema.
Pese a estos pronunciamientos, es al Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde decidir si se publicarán o no encuestas debido a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente.
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