El presidente Donald Trump. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL.
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Tania Nemer, una de las decenas de jueces de inmigración despedidos este año por el Gobierno Trump, presentó este lunes una demanda contra el Ejecutivo, alegando que fue víctima de discriminación y busca ser reincorporada.
En la querella legal, la exjueza argumenta que fue despedida por razones de género, su doble ciudadanía (libanesa y estadounidense) y su filiación demócrata, lo que violaría la ley de derechos civiles de EE.UU.
Nemer fue despedida el 5 de febrero a pocos días de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo con una promesa de iniciar la deportación masiva de inmigrantes.
La demanda asegura que Nemer fue «despedida abruptamente» en medio de su período de prueba, aunque había recibido «la calificación de desempeño más alta posible».
«Lejos de explicarle por qué había sido despedida, el supervisor de la Sra. Nemer le dijo que era una de sus mejores empleadas, antes de ser escoltada fuera del edificio», se lee en la demanda.
Los abogados de la exjueza argumentan que hasta el día de hoy la Administración Trump no ha presentado una explicación convincente por el precipitado despido, lo que indica que fue una decisión «para atacar» a los funcionarios públicos que «no eran de su agrado».
Tanto el supervisor de Nemer como el Juez Principal de Inmigración interino de los Estados Unidos afirmaron que ninguno de los dos sabía por qué la estaban despidiendo.
Nemer, que ejercía en el tribunal de inmigración en Cleveland (Ohio) desde 2023, hace parte de los más de 100 jueces de inmigración que han sido despedidos por la Casa Blanca.
La demanda busca que Nemer sea reincorporada a su cargo, una indemnización por daños y perjuicios, y que el Gobierno Trump reconozca que violó sus derechos.
La querella se da poco después de que el Departamento de Justicia lanzara una convocatoria para jueces especializados en deportaciones como parte de su campaña para cubrir puestos de trabajo que faciliten su plan de deportaciones masivas.
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de la Universidad de Syracuse, hay más de 3,4 millones de casos pendientes en las cortes de inmigración.
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