Desde el asesinato de Orlando Martínez durante los llamados Doce Años de Joaquín Balaguer hasta las recientes denuncias de agresiones, desalojos y restricciones contra comunicadores, la relación entre el poder político y la prensa dominicana ha atravesado una profunda transformación.
La violencia letal del pasado dio paso a nuevas formas de tensión institucional que, aunque menos extremas, mantienen abierto el debate sobre la seguridad, el acceso y el respeto al ejercicio periodístico.
Durante más de medio siglo, la historia del periodismo dominicano ha estado marcada por una relación compleja con el poder. En distintos momentos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos han enfrentado amenazas, agresiones físicas, censura, obstáculos para acceder a espacios públicos y confrontaciones con organismos de seguridad.
Orlando Martínez
La diferencia entre las distintas épocas es profunda.
Hubo un tiempo en que escribir contra sectores del poder podía costar la vida. En la actualidad, aunque la República Dominicana vive bajo un sistema democrático con mayores garantías institucionales y una prensa mucho más diversa, persisten incidentes que colocan nuevamente en discusión los límites de la seguridad estatal y el derecho de los medios a informar.
El asesinato de un periodista en plena calle, como ocurrió en la década de 1970, representa una de las expresiones más graves de violencia política. Los empujones de una escolta, la agresión de un agente policial o la expulsión de reporteros de un acto oficial pertenecen a una realidad diferente.
Pero todos los episodios comparten un punto de encuentro: la relación entre quienes ejercen el poder, quienes están encargados de protegerlo y quienes tienen la responsabilidad de vigilarlo e informar sobre sus actuaciones.
Esta es una radiografía histórica de esa relación.
Los empujones de una escolta, la agresión de un agente policial o la expulsión de reporteros de un acto oficial pertenecen a una realidad diferente.
Los Doce Años: cuando el periodismo podía costar la vida
El período comprendido entre 1966 y 1978, conocido como los Doce Años de Joaquín Balaguer, representa uno de los capítulos más convulsos de la relación entre el Estado, los organismos de seguridad y los sectores críticos de la sociedad dominicana.
La época estuvo marcada por una fuerte conflictividad política, persecución contra dirigentes de izquierda, desapariciones, asesinatos y una intensa confrontación entre sectores opositores y estructuras vinculadas al aparato de seguridad.
En ese escenario, el periodista Orlando Martínez Howley se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la prensa crítica dominicana.
Director de la revista Ahora! y columnista del periódico El Nacional, Martínez era conocido por sus análisis políticos y sus denuncias contra sectores del poder. Sus escritos abordaban temas sensibles en una época en la que la crítica pública podía generar consecuencias que hoy resultarían difíciles de imaginar dentro del contexto democrático contemporáneo.
El 17 de marzo de 1975, Orlando Martínez fue asesinado.
Su muerte no fue interpretada únicamente como el asesinato de un individuo. Con el paso de los años, el caso se convirtió en un símbolo de la violencia política y de los peligros que enfrentaba el ejercicio de la libertad de expresión en la República Dominicana.
El crimen dejó una herida profunda en el periodismo nacional.
La investigación y los procesos judiciales posteriores permitieron establecer responsabilidades y reconstruir una trama en la que participaron miembros vinculados a estructuras militares y de seguridad de la época.
Para muchos periodistas y defensores de la libertad de expresión, el nombre de Orlando Martínez continúa representando la frontera histórica entre dos realidades: la del periodista que podía ser perseguido por sus ideas y la del comunicador que, décadas después, enfrenta otras formas de presión.
La página en blanco y el peso de la impunidad histórica
El asesinato de Orlando Martínez también quedó asociado a uno de los episodios más comentados de la memoria política dominicana.
Joaquín Balaguer incluyó en su obra Memoria de un Cortesano de la Era de Trujillo una referencia que durante años alimentó el debate sobre lo que el entonces expresidente conocía acerca de los acontecimientos políticos de su época.
La llamada “página en blanco” se convirtió en un símbolo político.
Más allá de la interpretación literaria o histórica que se haga de ese episodio, la imagen de una página sin nombres fue utilizada durante décadas como representación de una pregunta que acompañó al país durante años: ¿quiénes estaban detrás de los principales crímenes políticos de aquella etapa?
El caso de Orlando Martínez terminó convirtiéndose en una referencia obligatoria cuando se habla de libertad de prensa en la República Dominicana.
Su asesinato recuerda que la relación entre el poder y el periodismo no siempre se limitó a discusiones sobre acceso a una rueda de prensa, restricciones en un cordón de seguridad o desacuerdos con funcionarios.
En determinados períodos de la historia nacional, informar y cuestionar podía representar un riesgo directo para la vida.
Del terror político a las fricciones de la seguridad
Con la consolidación del sistema democrático y la alternancia política, la relación entre la prensa y el poder experimentó una transformación significativa.
Los asesinatos políticos asociados al ejercicio crítico del periodismo dejaron de ser la característica dominante de la relación entre el Estado y los medios.
Sin embargo, eso no significó la desaparición de los conflictos.
Las tensiones comenzaron a manifestarse de otras maneras.
Periodistas denunciaron, en diferentes períodos, obstáculos para acceder a funcionarios, dificultades para cubrir determinados eventos, presiones indirectas y conflictos con los equipos de seguridad.
En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, particularmente durante las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina, algunos de los incidentes más visibles estuvieron relacionados con la seguridad presidencial.
Los escenarios se repetían.
Un mandatario llegaba a un acto multitudinario. Decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos intentaban acercarse. Los equipos de seguridad establecían perímetros. En medio de la presión, las cámaras, los micrófonos y las preguntas, se producían empujones, bloqueos y confrontaciones.
Para los agentes, el objetivo era garantizar la seguridad del jefe del Estado.
Para los periodistas, el objetivo era ejercer su trabajo.
El choque entre ambas funciones generó, en distintos momentos, denuncias de maltrato contra miembros de la prensa.
El conflicto de la cobertura
Los empujones de una escolta, la agresión de un agente policial o la expulsión de reporteros de un acto oficial pertenecen a una realidad diferente.
El trabajo periodístico tiene una particularidad que frecuentemente genera fricción con los dispositivos de seguridad.
Un periodista necesita acercarse.
Una cámara necesita una posición.
Un fotógrafo necesita visibilidad.
Un reportero necesita hacer preguntas.
Un equipo de seguridad, por el contrario, necesita controlar el espacio, establecer distancias y limitar movimientos que considere riesgosos.
Cuando esos dos mundos no están coordinados, la tensión aparece.
Durante actividades públicas y eventos multitudinarios, periodistas han denunciado en diferentes ocasiones que fueron empujados, bloqueados o apartados por miembros de cuerpos militares y de seguridad.
En algunos de estos episodios, las organizaciones periodísticas reaccionaron con condenas públicas y reclamos para que las autoridades establecieran protocolos más claros.
El Colegio Dominicano de Periodistas y otras entidades vinculadas al ejercicio de la comunicación han insistido históricamente en que la seguridad de un mandatario no puede convertirse en una excusa para impedir el trabajo de la prensa.
El debate, sin embargo, ha sido recurrente.
¿Dónde termina la seguridad?
¿Dónde comienza el derecho de la prensa?
Y, sobre todo, ¿quién responde cuando un agente cruza esa línea?
El caso de las agresiones policiales
Una de las características del período democrático reciente ha sido la aparición de conflictos entre periodistas y agentes policiales fuera del Palacio Nacional.
En provincias y municipios, comunicadores han denunciado agresiones durante coberturas de operativos, protestas, desalojos y otros acontecimientos.
Uno de los casos que generó mayor atención fue el de la periodista Dulce García, quien denunció haber sido víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís.
El incidente provocó rechazo dentro del sector periodístico.
Las imágenes y denuncias sobre agresiones contra comunicadores suelen tener un impacto inmediato porque involucran dos derechos fundamentales: la integridad física de la persona y la libertad de prensa.
La respuesta del Gobierno encabezado por Luis Abinader marcó, en ese caso, una diferencia con la manera en que históricamente algunos incidentes similares habían sido manejados.
El hecho fue calificado públicamente como inaceptable.
El Poder Ejecutivo sostuvo encuentros con representantes del sector periodístico y se produjeron gestiones institucionales para atender las preocupaciones de los comunicadores.
La reacción fue interpretada como una estrategia de contención de crisis.
En lugar de ignorar el incidente, el Gobierno buscó establecer contacto con los gremios.
La diferencia es relevante.
En un sistema democrático moderno, la respuesta institucional ante una agresión puede ser tan importante como la agresión misma.
Un Estado puede enfrentar un incidente de dos formas: minimizándolo o investigándolo.
El debate surge cuando la respuesta oficial es inmediata en el plano político, pero los periodistas reclaman que las medidas preventivas no siempre son suficientes para impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
De la agresión a la “confusión”
La tensión entre la prensa y los organismos de seguridad volvió a ocupar espacio en el debate público con incidentes recientes relacionados con el acceso de periodistas a actividades oficiales.
Uno de ellos ocurrió durante una cobertura vinculada al Consejo Nacional de la Magistratura, cuando periodistas acreditados denunciaron haber sido retirados o apartados de áreas de cobertura en el Palacio Nacional.
El episodio generó cuestionamientos debido a que involucraba a comunicadores que se encontraban realizando una cobertura institucional.
La explicación ofrecida desde las estructuras oficiales de comunicación fue que se trató de una “confusión” de los agentes de seguridad.
La palabra resume, en muchos sentidos, una nueva etapa de la relación entre el poder y la prensa.
Ya no se trata, como en los períodos autoritarios, de una política abierta de persecución contra periodistas críticos.
Pero una “confusión” puede impedir una cobertura.
Un protocolo mal aplicado puede sacar a un periodista de un área de trabajo.
Una orden mal interpretada puede impedir el acceso a un funcionario.
Y una agresión individual puede convertirse rápidamente en una crisis política y mediática.
Para los periodistas afectados, el resultado práctico puede ser el mismo: no poder realizar el trabajo para el que fueron acreditados.
La importancia de la acreditación
El debate sobre el acceso a los espacios oficiales adquiere una dimensión especial cuando se trata de periodistas acreditados.
La acreditación constituye, en términos prácticos, un reconocimiento de que el profesional o medio ha sido autorizado para realizar una cobertura.
Por eso, cuando un comunicador acreditado es impedido de acceder a un evento o es retirado por personal de seguridad, surgen interrogantes.
¿Existía una orden específica?
¿El agente conocía el protocolo?
¿La Dirección de Prensa había coordinado con el equipo de seguridad?
¿El periodista estaba en un área restringida o en el espacio asignado a los medios?
La falta de coordinación entre las oficinas de prensa y los cuerpos de seguridad es una de las principales fuentes de conflictos.
Los periodistas responden ante la necesidad de informar.
Los agentes responden ante protocolos de seguridad.
Pero ambos pertenecen, en esos escenarios, a una misma estructura institucional que debe garantizar que las dos funciones puedan coexistir.
Un cambio de época
Comparar el asesinato de Orlando Martínez con un incidente de seguridad ocurrido durante una cobertura actual requiere una precisión fundamental.
No son hechos equivalentes.
El asesinato de un periodista constituye una de las formas más extremas de violación a la libertad de expresión y representa un crimen contra la vida.
Un empujón, una agresión policial o una expulsión de un evento oficial constituyen hechos de otra naturaleza, aunque pueden representar violaciones a la integridad física o al libre ejercicio del periodismo.
La evolución histórica muestra, sin embargo, un cambio en las formas de presión.
La República Dominicana pasó de una época caracterizada por la violencia política, la persecución y el temor, a un sistema donde los conflictos se concentran con mayor frecuencia en la seguridad, el acceso a la información y la interacción entre periodistas y funcionarios.
El problema ya no es, en términos generales, la existencia de una política estatal abierta de eliminación física de periodistas críticos.
El problema moderno puede estar en la discrecionalidad.
Quién entra.
Quién se acerca.
Quién pregunta.
Quién puede grabar.
Quién es retirado.
Y quién responde cuando un agente se equivoca.
Los tres momentos de una misma historia
La evolución puede observarse como una línea histórica.
Durante la década de 1970, la amenaza podía ser letal.
En las décadas posteriores, las tensiones comenzaron a concentrarse en la presión institucional, las restricciones y los conflictos con estructuras de seguridad.
En la actualidad, los incidentes suelen presentarse bajo términos administrativos y operativos.
“Exceso de celo”.
“Incidente aislado”.
“Malentendido”.
“Confusión”.
Cada una de estas expresiones tiene un significado institucional.
La diferencia está en que las palabras utilizadas para explicar un incidente no eliminan necesariamente la responsabilidad.
Un “exceso de celo” puede terminar en una agresión.
Un “malentendido” puede impedir una cobertura.
Una “confusión” puede afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información.
La prensa como observadora incómoda
La tensión entre periodistas y el poder no es exclusiva de la República Dominicana.
La prensa tiene una función que, por naturaleza, puede resultar incómoda para quienes administran instituciones.
Pregunta.
Investiga.
Contrasta.
Publica.
Documenta.
En una democracia, esa incomodidad no debería ser interpretada como una amenaza.
La seguridad de un presidente es necesaria.
El orden en los actos públicos también.
Pero el acceso de la prensa constituye una parte esencial del funcionamiento democrático.
El desafío institucional consiste en evitar que la seguridad sea utilizada como barrera y que, al mismo tiempo, el ejercicio periodístico respete los protocolos establecidos.
La responsabilidad de prevenir
Los incidentes entre periodistas y agentes de seguridad plantean una pregunta que va más allá de la reacción presidencial posterior.
La cuestión no es solamente cómo responde un gobierno después de una agresión.
La pregunta más importante es qué hace antes para evitarla.
La capacitación de los cuerpos de seguridad resulta fundamental.
Un agente debe conocer quién está acreditado.
Debe saber cuál es el espacio asignado a la prensa.
Debe entender que una cámara no es una amenaza por el simple hecho de acercarse.
Y debe existir una coordinación directa entre la seguridad y los equipos de comunicación institucional.
Cuando esa coordinación falla, el conflicto puede ser inevitable.
De Orlando Martínez al periodista acreditado
La historia de la relación entre la prensa y el poder en la República Dominicana puede resumirse en una transformación profunda.
Orlando Martínez representa la época en que la crítica política podía tener consecuencias fatales.
Las agresiones y conflictos con escoltas presidenciales representan la persistencia de prácticas de confrontación entre el periodismo y los dispositivos de seguridad.
Los incidentes recientes muestran una nueva realidad, en la que las instituciones responden públicamente, ofrecen explicaciones y se ven obligadas a enfrentar la presión de los medios y de las redes sociales.
Sin embargo, la evolución no significa que el debate haya terminado.
Cada periodista impedido de cubrir un evento.
Cada cámara bloqueada.
Cada reportero empujado.
Cada agresión policial.
Y cada explicación oficial basada en una “confusión” vuelve a plantear una pregunta esencial para la democracia dominicana:
¿Hasta dónde puede llegar el poder para protegerse sin impedir que la prensa cumpla su función de vigilarlo?
La respuesta a esa pregunta no depende únicamente de un presidente.
Depende de las instituciones.
De los protocolos.
De los cuerpos de seguridad.
De los funcionarios.
Y también de una cultura democrática capaz de entender que la prensa no está en los espacios del poder para incomodar por deporte.
Está allí porque la ciudadanía tiene derecho a saber.
Y ese derecho, en una democracia, no debería depender del humor de un agente, de una orden mal interpretada o de una vj“confusión”.
Un pasado que obliga a no normalizar
La República Dominicana ya conoce las consecuencias de una época en la que la crítica podía ser silenciada mediante la violencia.
Por eso, aunque los conflictos actuales sean de una dimensión incomparablemente menor que los crímenes políticos del pasado, no deben ser normalizados.
La democracia no se mide solamente por la ausencia de asesinatos políticos.
También se mide por la capacidad de un periodista de hacer una pregunta sin ser agredido.
Por la posibilidad de un camarógrafo de registrar una actividad pública.
Por el derecho de un reportero acreditado a permanecer en el lugar asignado para la prensa.
Y por la disposición del Estado de investigar y corregir cada actuación irregular de quienes portan un uniforme.
La distancia entre la República Dominicana de 1975 y la de 2026 es enorme.
Pero la memoria histórica obliga a mantener una vigilancia permanente.
Porque la libertad de prensa rara vez desaparece de un día para otro.
A veces comienza a debilitarse con una amenaza.
Otras veces con una agresión.
Y, en ocasiones, simplemente con una puerta cerrada y una explicación que dice que todo ocurrió por una “confusión”.
