Por Carolina Alvarez
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La madre y activista por la neurodivergencia en menores, Tanya Alcántara, hizo un llamado directo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública y al director de Infraestructura Escolar para que articulen esfuerzos y atiendan las necesidades de los niños con autismo, discapacidad múltiple y enfermedades raras en el país.
Alcántara sostuvo que el crecimiento de los diagnósticos de autismo y otras condiciones requiere una respuesta estatal que vaya más allá de los centros existentes, mediante la construcción de nuevas escuelas especializadas, adecuación de las instalaciones y contratación de profesionales capacitados. “Nuestros niños, además de la educación regular de las materias de matemáticas y ciencias, también necesitan sus terapias”, señaló.
Explicó que entre los servicios que requieren estos menores se encuentran las terapias de lenguaje, ocupacional, física, conductual y ABA (Análisis Conductual Aplicado), esta última de elevado costo y de difícil acceso para muchas familias.
La activista destacó que existe una falta importante de terapeutas y médicos especializados en los centros públicos, por lo que consideró indispensable que los ministerios de Educación y Salud Pública trabajen de manera coordinada para garantizar estos servicios.
Entre las intervenciones destacó la habilitación de una nueva aula en la Escuela Luis Braille-Kenoa Tejada, así como trabajos en la Escuela José Manuel Tavárez de Discapacidad Múltiple, donde también se ordenó la instalación de aire acondicionado y la continuación de las labores durante las tardes y los fines de semana. “Estoy muy agradecida, porque habían padres muy atormentados y que estaban fuera”, expresó.
Sin embargo, Alcántara pidió que estas acciones sean extendidas a otros planteles que continúan enfrentando dificultades e hizo un llamado a las autoridades para que visiten la Escuela José Manuel Tavárez de Discapacidad Múltiple y la escuela del Café de Herrera, con el propósito de constatar directamente las condiciones en que reciben atención los menores.
Alcántara también apeló a la responsabilidad social de las empresas privadas y de figuras con capacidad de influencia para que contribuyan a solucionar las carencias que enfrentan las familias. “No podemos dejarle todo al Gobierno”, planteó, al considerar que el sector privado puede colaborar en la creación de centros especializados que ofrezcan servicios de calidad a precios accesibles y mediante cuotas que las familias puedan asumir.
Otro de los reclamos formulados por Alcántara estuvo dirigido al Congreso Nacional, ante la demora en la aprobación del anteproyecto de ley sobre enfermedades raras depositado por organizaciones que representan a familias afectadas.
Al ser entrevistada en el programa La Embajada, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la activista pidió a senadores y diputados agilizar la discusión y aprobación de la iniciativa, al considerar que las familias necesitan un marco legal que garantice mayores niveles de protección y atención para las personas que viven con estas condiciones.
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