Por Carolina Alvarez
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), Manuel Oviedo Estrada, explicó los mecanismos establecidos por ley para la administración, utilización y subasta de los bienes incautados y decomisados en República Dominicana e indicó que estos bienes no pueden ser distribuidos discrecionalmente entre funcionarios, militares o particulares, sino que deben ser administrados conforme a las disposiciones de la Ley 61-21.
Oviedo insistió en que los bienes decomisados pueden ser destinados al uso de órganos y poderes del Estado o vendidos mediante subastas públicas, cuyos recursos tienen destinos establecidos por la legislación.
El funcionario informó que en mayo de 2026 el Incabide realizó la primera subasta nacional, en la que participaron 342 oferentes y que «se convirtió en la subasta con mayor cantidad de dinero recaudado en la historia del país».
Detalló que en el proceso fueron ofertados bienes de diferentes categorías y valores, desde relojes hasta propiedades, y explicó que estos son sometidos previamente a procesos de tasación para establecer condiciones adecuadas para la subasta. “La finalidad del Estado es que esos bienes pasen al servicio, pasar los bienes incautados y decomisados al bien social, al pueblo”, sostuvo.
El director del Incabide y abogado indicó que el artículo 82 de la legislación establece los destinos de los recursos obtenidos mediante las subastas y de los bienes decomisados y explicó que otras instituciones del Estado pueden recibir recursos conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Entre las áreas que pueden beneficiarse mencionó la reinserción de personas con adicciones, la lucha contra el crimen organizado y programas vinculados a la paz y el bienestar social.
Ante las inquietudes sobre la posibilidad de que funcionarios, familiares o personas vinculadas al poder participen en las subastas, Oviedo Estrada aseguró que existen prohibiciones expresas y precisó que los funcionarios y servidores públicos del Incabide, así como personas vinculadas a determinados poderes e instituciones del Estado, tienen impedimentos para participar. Estas restricciones también alcanzan a familiares dentro de los grados establecidos por la legislación.
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El funcionario destacó que el proceso de subasta contó con mecanismos de transparencia, incluyendo la publicación de información en el portal institucional, acceso para la prensa y procesos de depuración de los participantes. «La institución también está facultada para realizar verificaciones financieras y otras evaluaciones destinadas a determinar la idoneidad de los oferentes», dijo.
Oviedo Estrada aclaró además que el Incabide «no es un órgano de incautación», sino responsable de la recepción, custodia, administración y gestión de los bienes una vez son puestos bajo su responsabilidad.
Al ser entrevistado en el espacio Política con 6to. Sentido, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, conducido por Joysi Melenciano, Brenda Mileydi y Wendy Chevalier, el jurista indicó que los organismos que realizan las incautaciones disponen de un plazo establecido para entregar los bienes al Incabide, institución que posteriormente debe administrarlos conforme al marco legal.
Explicó que entre los bienes que pueden llegar al instituto se encuentran aquellos vinculados a delitos como lavado de activos, narcotráfico, trata y tráfico de personas y otros ilícitos contemplados en la legislación dominicana.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en la que Oviedo Estrada respondió preguntas sobre la transparencia en el manejo de los bienes incautados y decomisados y los controles implementados para evitar su uso irregular.
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