EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Apóstol Johnnie Martínez, director de la Pastoral Política de la Mesa del Diálogo, afirmó que la Sentencia 01225/25 del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones del mismo sexo dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no puede verse como un simple acto jurídico, sino como una señal clara sobre quién puede participar en el debate nacional y quién debe quedar fuera.
Según expresó, la apertura de la figura del amicus curiae, que debería ser un mecanismo democrático para ampliar voces y perspectivas, se utilizó de manera selectiva: a Human Rights Watch, sí. a las Iglesias y a instituciones nacionales, no.
Y para el apóstol, eso no fue casualidad. “No fue un error; fue un mensaje”, sentenció.
Martínez sostuvo que el amicus curiae existe para enriquecer el debate, no para cerrarlo. Señaló que Human Rights Watch participó formalmente en el proceso, algo que dice, no cuestiona por su derecho a opinar, sino por la desigualdad del trato.
Recordó que esta organización ha impulsado por años causas alineadas con la agenda GLBT, como: oposición a leyes restrictivas en Uganda, presión diplomática en Ghana, acompañamiento a procesos de despenalización en Belice.
Mientras tanto, fueron excluidos: las iglesias evangélicas y católicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Para Martínez, esa exclusión no es neutralidad institucional, sino una “inclinación evidente del proceso”.
Aseguró que la Constitución garantiza: Art. 45: libertad de culto, Art. 49: libertad de expresión y participación, Art. 74.4: igualdad y razonabilidad, Art. 216: derecho a incidir en la vida democrática.
Pero a las Iglesias, afirma, se les aplicó implícitamente un mensaje claro: “Ustedes no cuentan”.
Martínez señaló que su preocupación no es únicamente religiosa ni jurídica. Es un tema de identidad nacional y de equilibrio democrático.
Cuando se excluye a las Iglesias “la comunidad social más numerosa del país”, advirtió, no se trata de un tecnicismo, sino de un intento de redefinir culturalmente a la nación.
Anunció que en los próximos días presentarán el caso ante la Comisión de Libertades Religiosas de los Estados Unidos, debido a la relevancia que este tema tiene para la diáspora dominicana.
Recordó que más de 2.5 millones de dominicanos viven en EE. UU., y que cualquier intento de: alterar la formación cristiana, promover ideologías extremas de izquierda, introducir un socialismo ateo en las escuelas o moldear la conciencia de los niños, no solo impacta a la República Dominicana, sino también a esa comunidad.
Reafirmó que no piden ventajas, sino igualdad. Que se les escuche como se escuchó a otros. “Una democracia que excluye voces cristianas no es plena, no es justa y no es estable”, expresó.
Terminó citando Proverbios 31:8–9, destacando que su deber hoy es “abrir la boca por quienes han sido silenciados”. concluyó:
“Hoy abrimos nuestra boca porque a un sector entero del país se la cerraron. Y no dejaremos de hablar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca”.
Sobre la sentencia
La sentencia TC/01225/25 del Tribunal Constitucional (TC) declara la inconstitucionalidad de la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional (P. N.) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), con el fin de aplicar principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 39 de la Constitución.
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