Entre “el submarino” y “la goma” se forjaba el prestigio. Con esos términos bautizaban las compensaciones que beneficiaban a funcionarios incluyendo servidores judiciales y del ministerio público. Todos sabían y callaban.
La modernidad de la administración pública tiene otras vías para la compensación espuria. Las asesorías, la asistencia inmediata, sin olvidar la concesión de bonos más allá de lo permitido, satisfacen apetencias y garantizan la mutante fidelidad que provee el erario.
Concursos amañados para premiar favoritos, el alcance de la categoría de proveedores del estado, designaciones para cobrar en moneda extranjera sin tener que abandonar el territorio, decretos concediendo las controversiales pensiones, son algunas opciones para premiar.
Empero, algunos estamentos no trascienden la rusticidad de antaño, continúan con la desmesura de bolsas con capacidad para 10 galones repletas de papeletas para matar el menudo. El intercambio es conocido y tan aceptado como aquellas “gomas”. La rima entonces: te doy y me das, que nadie lo dirá.
La prueba es difícil pero el rigor no impide el conocimiento menos el rumor. Basta la ostentación de quienes son parte del intercambio.
La complicidad no pregunta de dónde proviene el disfrute que el salario no permite. Solo cuando la acción pública interviene aflora el desmadre.
La hipocresía consubstancial al ethos dominicano jamás pregunta el origen de las casas de campo, lanchas y avionetas de militares y miembros de la PN, menos la procedencia de sus inmuebles fuera del país. Se conoce cómo y desde cuándo comenzó el bienestar, pero nada ocurre. Todos a una mantienen el equilibrio para evitar la caída y preservar el altar.
La proclama del destituido director de la PN: “No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto” ha permitido el reavivamiento de las miserias de la institución que la reforma no detiene. Lo peor es que perdido el miedo al quepis, la opinión publicada está dividida entre los que demonizan al destituido y los que se atreven a decodificar sus palabras. El centro de la polémica es el director como si hubiera sido autodesignado.
La narrativa de algunos defensores ad-hoc del régimen exige datos antes de la especulación. Pide pruebas antes de la insinuación, desdeña el comentario porque lo asume malevo y afecta el buen nombre de las instituciones incapaces de zafarse de un pesado lastre de corrupción a pesar del discurso que asume la pureza como consigna.
Exigen asepsia antes de opinar cuando afecta a los suyos, para los del redil opuesto todo es válido hasta el desconocimiento de la presunción de inocencia, principio en desuso con respaldo circense. Quieren data para intervenir el relato, tapaboca para quien se atreva a sugerir comportamientos o afirmar algo luego de una consulta o de la recepción de información privilegiada.
Aceptar como amenaza la advertencia implicaría el silencio o la connivencia con la versión que pretenden sea acatada por todos los medios.
Los estrategas del oficialismo procuran que el tema policial sea desplazado. Están tranquilos porque el destituido director no hablará más. El acotejo sirve, aunque queda claro que el general desechaba las bolsas, solo las usaba para la basura.
