La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó esta semana la suspensión de los llamados “servicios especiales de transporte”, mediante los cuales facilitaba autobuses, combustible y choferes a instituciones y particulares. La decisión pone fin a una práctica de años que llegó a adquirir dimensiones considerables. Solo en 2023, los registros de la propia institución contabilizan 1,858 servicios especiales. En junio de 2025 fueron 101, destinados a entidades públicas, iglesias, clubes, juntas de vecinos, escuelas, servicios fúnebres y otras organizaciones.
El director actual afirmó que la Omsa funcionaba “como una empresa pública de beneficencia”. Más aún, explicó que unidades solicitadas para determinadas actividades terminaban en lugares distintos, mientras dejaban de prestar el servicio regular a la población. La misión fundamental de la Omsa es prestar transporte público colectivo, por lo que resulta legítimo preguntar cómo una actividad accesoria pudo alcanzar semejante magnitud y consumir recursos públicos mediante mecanismos aparentemente tan discrecionales. ¿Dónde estaban los organismos responsables de fiscalizar? ¿Quién evaluaba su costo y verificaba el destino de los autobuses? ¿Por qué tiene que haber cambios de incumbente para que prácticas de esta naturaleza sean cuestionadas?
La verdadera relevancia del caso trasciende a la Omsa, porque pone de relieve una vieja confusión de nuestra administración pública entre servir al público y poner recursos públicos al servicio de intereses ajenos a su misión institucional. La Omsa ha hecho lo correcto al corregir la práctica, pero también procede indagar en las causas de la anomalía, determinar por qué los mecanismos ordinarios de control no la corrigieron antes y extraer lecciones útiles para toda la administración.
