El ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, declaró este martes que las inversiones mineras en el país andino pueden lograr un avance de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años, de una cartera total estimada en 64.000 millones de dólares.
Durante su participación en el primer Encuentro de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), el ministro afirmó que ha revisado algunos de los proyectos mineros en cartera y que varios de ellos pueden tener «avances significativos», e incluso se podría «inaugurar operaciones durante este quinquenio» del gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori.
«Estamos seguros de que, en los próximos cinco años, podremos lograr un avance de 40.000 millones de dólares», indicó el titular de Energía y Minas.
Shinno aseguró la marcha firme de todos los proyectos minero-energéticos y subrayó que «no habrá sostenibilidad posible mientras existan lugares sin energía, sin agua, sin salud, sin educación, entre otros servicios esenciales».
El futuro de Perú requiere de una minería moderna, ambientalmente responsable, socialmente eficiente», apuntó.
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El ministro insistió en que «la verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos», las que, en varias ocasiones, se han opuesto al desarrollo de proyectos mineros por la afectación del acceso al agua y a sus actividades agrícolas.
Shinno dijo que su gestión modificará su visión hacia una gobernanza territorial preventiva, en lugar del antiguo modelo reactivo de intervención ante conflictos sociales.
En tal sentido, explicó que «la gente necesita ver tangiblemente el beneficio que trae la actividad extractiva», porque el diálogo social no es suficiente.
Por otro lado, Shinno declaró que «proteger la sostenibilidad del país implica obligatoriamente erradicar la ilegalidad», al referirse al avance de la minería ilegal, especialmente de la extracción de oro, en amplias zonas de la Amazonía y de los Andes, pues también afectan los ecosistemas y los derechos de las comunidades nativas y campesinas.
A raíz de la persistencia de la minería ilegal, asociada con bandas de crimen organizado, el gobierno peruano mantiene en estado de emergencia provincias como la norteña Pataz para darle el control interno de esas localidades a las fuerzas armadas, en apoyo a la Policía Nacional.
