Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó este viernes que el nuevo sistema de emisión y renovación de licencias de conducir ha generado cerca de 300 millones de pesos en beneficios para el Estado dominicano, en apenas cinco meses y medio, revirtiendo una situación en la que este servicio generaba pérdidas aproximadas de 20 millones mensuales bajo el modelo anterior.
Desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, el 3 de marzo de 2026, hasta mediados de agosto, el Intrant ha emitido 329,727 licencias de conducir, como parte de un proceso de transformación orientado a mejorar la atención al ciudadano, fortalecer los controles, modernizar la operación y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
El cambio representa un giro significativo en el desempeño financiero del servicio, dijo el organismo en una nota.
Mientras el modelo anterior significaba pérdidas cercanas a 20 millones cada mes para el Estado, el nuevo esquema no solo eliminó ese déficit, sino que ha producido resultados positivos cercanos a los 300 millones de pesos en menos de seis meses.
El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que los resultados demuestran el impacto que puede producir una gestión pública enfocada simultáneamente en eficiencia, transparencia, tecnología y calidad del servicio.
La transformación del sistema de licencias ha comprendido la modernización de los procesos de emisión y renovación, la ampliación de la cobertura de los servicios, mayores controles y trazabilidad, así como el fortalecimiento de las evaluaciones requeridas para la obtención del documento.
El Intrant destacó que la reforma no ha tenido únicamente un componente financiero. El nuevo modelo procura también elevar los estándares para la obtención de licencias de conducir y fortalecer la seguridad vial, garantizando que los ciudadanos que reciben una licencia cumplan con los requisitos y evaluaciones establecidos.
Morrison señaló que la experiencia del nuevo sistema constituye una muestra concreta de que las instituciones públicas pueden ofrecer mejores servicios y, al mismo tiempo, proteger los recursos del Estado.
