El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de arresto domiciliario contra Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana y uno de los acusados de integrar una presunta red que habría distribuido sobornos por más de RD$108 millones para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La decisión fue adoptada por el juez Deybi Timoteo Peguero, a solicitud del Ministerio Público, durante una audiencia en la que también fue conocida una petición de variación de medida de coerción presentada por otro de los procesados.
Cambio en garantía para Quilvio Rodríguez
Varían modalidad de garantía económica a otro acusado. En el caso de Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), el tribunal modificó la modalidad de una garantía económica de RD$5 millones, que inicialmente debía ser pagada en efectivo, para que sea cumplida mediante contrato.
En el caso de Bolívar Fernández, el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez, lo que hizo fue una variación de la modalidad del cumplimiento”, explicó la fiscal Rosa María Pichardo al finalizar la audiencia.
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Pichardo, quien representó al Ministerio Público junto al fiscal Ernesto Guzmán Alberto, informó que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 7 de septiembre.
Acusación contra 14 implicados
Ministerio Público acusa a 14 personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público presentó en julio acusación y solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente de la denominada Operación Lobo.
Entre los acusados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste, y Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte Dominicana.
También están incluidos Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente también incluye a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Sobornos superarían los RD$108 millones. Según la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92 y habrían sido exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios señalados en el proceso.
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el expediente, la presunta red habría manipulado contratos y exigido pagos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
Las investigaciones sostienen que Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a esa empresa.
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