Caracas: Al menos siete organizaciones pidieron a la comisión opositora en el diálogo con el chavismo, que es impulsado por Estados Unidos, atender la crisis ambiental, industrial y humanitaria del estado minero de Bolívar, en el sur de Venezuela, informó este martes el exdiputado opositor Américo De Grazia.

A través de un documento, publicado en la cuenta de X de De Grazia, los grupos enumeraron una lista de temas que consideran deben ser atendidos: la crisis en el sector humanitario y de salud en las empresas siderúrgicas y sus trabajadores, los daños ambientales, la situación del sector universitario, la democracia y la libertad.

El texto publicado está suscrito por los movimientos regionales Guayana Libre, Lazos Guayana, Foro Democrático Bolívar y los nacionales Movimiento por Venezuela, Movimiento al Socialismo, Bandera Roja y Un Nuevo Tiempo.

El documento consignado hace una radiografía de nuestra realidad. Colapso de los servicios, reparos laborales, crisis humanitaria, quiebra del parque industrial, holocausto ambiental y, sobremanera, el interés de los guayaneses de ser protagonistas de nuestro destino», indicó De Grazia en el mensaje, acompañado de una foto de la reunión con la delegación opositora que encabeza la exdiputada Dinorah Figuera.

Primer ciclo de negociación hasta el 12 de agosto

El chavismo y un grupo de la oposición, integrado por exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González, acordaron el jueves pasado mantener hasta este miércoles 12 de agosto un primer ciclo de diálogo, tras definir la metodología, las fases de trabajo y ratificar la agenda de temas.

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Las partes suscribieron los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela; solución política, pacífica, democrática y constitucional; reconocimiento y respeto entre las partes e igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de «todas las fuerzas». 

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