EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La República Dominicana cuenta con avances importantes para acelerar la transformación digital del Estado, pero enfrenta desafíos relacionados con la fragmentación institucional, las brechas de capacidades digitales y la protección de datos, según un estudio presentado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El “Análisis de la Preparación Digital y Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital de la República Dominicana” plantea una hoja de ruta para consolidar un ecosistema digital integrado, interoperable y centrado en las personas, que permita aprovechar las capacidades tecnológicas desarrolladas por el país.
El documento destaca como avances la consolidación de una infraestructura pública digital interoperable, la expansión de la conectividad, el fortalecimiento de la identidad y firma digital y el crecimiento de los pagos digitales. Sin embargo, advierte que persisten obstáculos que dificultan aprovechar plenamente estas herramientas.
Entre los principales retos identificados figuran la fragmentación institucional, el déficit de capacidades digitales en el sector público, la limitada adopción de tecnologías avanzadas en las empresas, las brechas en protección de datos y confianza digital, así como las desigualdades en el acceso y las competencias digitales de los sectores más vulnerables.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que el país ya cuenta con los fundamentos para avanzar hacia una administración pública más integrada y eficiente. “Hemos construido los cimientos, ahora corresponde consolidar la estructura”, manifestó, al destacar que las infraestructuras digitales son tan estratégicas para el desarrollo actual como lo fueron en su momento las carreteras, puertos y redes eléctricas.
Como parte de la hoja de ruta, el estudio propone consolidar la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, avanzar hacia una identidad digital interoperable y universal, fortalecer los pagos digitales y ampliar las capacidades tecnológicas tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía.
Asimismo, plantea incorporar desde el diseño la protección de datos, la ciberseguridad y otras salvaguardas de la infraestructura pública digital, además de promover servicios centrados en las personas, accesibles e inclusivos y una gestión pública sustentada en datos.
El documento concluye que el desafío del país ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en integrar, escalar y hacer sostenibles las capacidades existentes, mediante una mayor coordinación institucional y reglas claras de gobernanza. Según el análisis, los avances alcanzados reflejan una voluntad política sostenida y crean las condiciones para avanzar hacia un Estado más articulado, transparente, eficiente y capaz de ofrecer servicios digitales de mayor calidad.
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