Congreso Nacional. (Foto: Fuente externa).
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de los avances legislativos registrados en los últimos años, el Congreso Nacional aún mantiene pendientes importantes proyectos de ley que llevan más de una década en discusión sin lograr su aprobación definitiva.
Entre las iniciativas de mayor antigüedad figura la reforma al Código Civil, cuya actualización se debate desde hace más de 15 años con el propósito de adecuar una legislación que data del siglo XIX a las necesidades actuales del país.
Actualmente, la normativa es estudiada por la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, que retomará los trabajos de análisis a partir del próximo 16 de agosto que es cuando se aperturará la segunda legislatura ordinaria.
Si en este nuevo período congresual el Congreso no logra completar los trámites correspondientes, la pieza volverá a perimir.
Otro de los proyectos rezagados es la reforma integral a la Ley 87-01 de Seguridad Social. Desde hace más de una década se han presentado distintas propuestas para modificar el sistema, con el objetivo de ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones y fortalecer la protección de los afiliados, sin que hasta el momento se alcance un consenso legislativo.
También permanece pendiente la Ley de Aguas, considerada una de las iniciativas más antiguas del Congreso. El proyecto ha sido reintroducido en varias ocasiones durante más de 20 años, pero las diferencias sobre la gestión y administración de los recursos hídricos han impedido su aprobación.
A esta lista se suma la reforma al Código de Trabajo, aunque la legislación fue sometida en el año 2024, forma parte de un proceso de discusión que se ha extendido por más de una década. La iniciativa volvió a quedar estancada tras no completar su trámite en el Congreso.
Otras de las iniciativas que el Congreso Nacional mantiene pendientes figura el proyecto de ley sobre los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de control social, destinado a regular el referendo y el plebiscito, en cumplimiento de los artículos 22, 203, 210 y 272 de la Constitución de 2010.
Durante años, tanto legisladores como el Poder Ejecutivo han sometido distintas propuestas para desarrollar estos mecanismos de democracia participativa, sin embargo, ninguna ha logrado convertirse en ley.
La iniciativa más reciente fue depositada por el Poder Ejecutivo el 5 de marzo de 2021 en la Cámara de Diputados. El proyecto busca regular el referendo consultivo y el referendo constitucional aprobatorio, pero lleva más de cinco años sin ser aprobado.
Otra legislación pendiente es la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, llamada a desarrollar el artículo 49 de la Constitución, relativo al derecho a la libertad de expresión e información.
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales perimió en el Senado el pasado 13 de enero de 2026, luego de enfrentar cuestionamientos y el rechazo de diversos sectores. Desde entonces, la iniciativa no ha sido reintroducida.
La propuesta había sido sometida por el Poder Ejecutivo el 2 de mayo de 2025 y fue elaborada por una comisión integrada por juristas y comunicadores, creada por el presidente Luis Abinader, en junio de 2022 con el objetivo de modernizar la legislación vigente en materia de libertad de expresión y adecuarla al marco constitucional.
El estancamiento de estas iniciativas en el Congreso evidencia las dificultades para alcanzar consensos en torno a reformas consideradas fundamentales para la modernización del marco jurídico e institucional de la República Dominicana.
Con este panorama, el Congreso Nacional iniciará una nueva legislatura con una agenda cargada de proyectos que, pese a su importancia para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y la ampliación de derechos ciudadanos, continúan acumulando años de retraso.
La falta de consensos políticos y el constante reinicio de los trámites legislativos han impedido que estas reformas se conviertan en realidad, manteniendo una deuda histórica con el país en materia de modernización del marco legal y respuesta a demandas que por décadas han esperado una solución definitiva.
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