Santo Domingo.- Los Ministerios de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y Edificaciones (MIVED) y de Educación (MINERD) fueron demandados en amparo de cumplimiento ante los tribunales, acusados de negarse a ejecutar sentencias judiciales firmes que los obligan a pagar salarios caídos y a cumplir obligaciones laborales con exempleados.
El abogado de los demandantes, doctor Nicanor Rodríguez Tejada, calificó la situación como un «desacato institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica del país, al observar que órganos del Gobierno omiten el cumplimiento de decisiones judiciales definitivas.
Dijo que el Ministerio de la Vivienda (anteriormente Dirección General de la Vivienda) es demandado por negarse a pagar al señor Fausto de Jesús de los Ángeles, el monto de RD$351,538.53.
Explicó que la sentencia fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 29 de julio de 2024 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia, el de 11 de abril del 2025.
Sostuvo que a pesar de que la sentencia fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, y tras varias intimaciones, la institución y su incumbente se han negado a ejecutar el pago, obligando al ex-empleado a interponer un amparo de cumplimiento para forzar la ejecución de la decisión.
Caso MINERD
Por un motivo similar, dijo que el Ministerio de Educación (MINERD) fue demandado para que complete la ejecución de la sentencia a favor del señor Zacarías Hernández, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, 13 de septiembre de 2024.
Señaló que el MINERD ejecutó solo una parte de la sentencia, incluyendo al beneficiario en nómina, pero se ha negado a pagar los salarios caídos, que actualmente ascienden a RD$524,381.00.
Inseguridad jurídica y desacato institucional
Rodríguez Tejada subrayó que en ambos casos, las sentencias son definitivas y poseen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El abogado explicó que, agotadas todas las vías amigables, se ha hecho indispensable apoderar nuevamente al tribunal para iniciar un proceso de ejecución forzosa.
«Las autoridades persisten en mantener [una actitud] bajo desacato por no cumplir una decisión emanada de los tribunales de la república, llevando a un terreno de inseguridad jurídica el accionar de la justicia», afirmó Rodríguez Tejada.
Finalmente, el representante legal advirtió que llevará a los ministerios nuevamente a los tribunales, a fin de que sean condenados por la falta de cumplimiento, destacando que esta situación es una muestra de la «poca o ninguna seguridad jurídica» con la que cuenta el país cuando las instituciones del Gobierno se muestran ajenas a las obligaciones impuestas por los tribunales.
