La relación entre Derechos Humanos y Seguridad Nacional ha sido muchas veces interpretada como un enfrentamiento de categorías antagónicas, como si fueran enemigas irreconciliables. Ese ha sido un gran debate en el Observatorio de Seguridad, Defensa y Geopolítica RD. En distintos momentos históricos, los discursos de seguridad han visto a los derechos humanos como un límite incómodo, mientras que los defensores de derechos han denunciado que la seguridad nacional se convierte en un pretexto para justificar abusos. Esa percepción ha marcado debates intensos, especialmente en contextos de guerra, terrorismo o crisis donde las medidas de control parecen chocar con las garantías individuales.
Sin embargo, esa visión de enemistad es reduccionista. Los Derechos Humanos no debilitan la seguridad nacional, la legitiman. La seguridad nacional no destruye los derechos, los protege cuando se ejerce con proporcionalidad y respeto. Como recuerda Susanna Pozzolo, los derechos son conquistas frágiles, siempre expuestas a retrocesos, y por eso necesitan un entorno seguro para sostenerse. En palabras del general Paco Moncayo, la seguridad nacional solo es legítima cuando se convierte en garantía de esos derechos fundamentales, pues “la defensa no puede desligarse de la legitimidad democrática”.
La coincidencia entre ambos conceptos no es un punto estático, sino un proceso dinámico de construcción. Se manifiesta en la práctica cuando los cuerpos de seguridad asumen un compromiso real con la dignidad humana, el respeto a la legalidad y la transparencia en sus actuaciones. Estos elementos transforman la seguridad en confianza ciudadana. La seguridad que se impone con miedo genera obediencia, pero nunca confianza; en cambio, la seguridad que se ejerce con respeto fortalece la cohesión social.
Es necesario destacar que las organizaciones de promoción de derechos humanos no deben ver la seguridad nacional como enemiga de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales, porque una sociedad segura es la que permite el ejercicio pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos. La seguridad nacional no puede concebirse sin los derechos humanos, ni las organizaciones reducirse a simples centros de crítica; ambos roles se complementan. La primera asegura un marco de protección y respeto, mientras que la segunda contribuye a preservar la estabilidad democrática y la institucionalidad, pilares del Estado constitucional que garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales. Lejos de debilitar al Estado, lo fortalecen, porque ayudan a construir legitimidad y estabilidad.
La coincidencia entre Derechos Humanos y Seguridad Nacional debe entenderse como una armonización dinámica, en constante ajuste. Es la búsqueda de un Estado que defienda su estabilidad sin sacrificar el núcleo de derechos y, como contrapartida, la regulación de ciertos derechos para garantizar la protección colectiva. Este equilibrio no es una concesión, sino una condición indispensable para que la seguridad sea legítima y los derechos sean efectivos.
En definitiva, la seguridad sin derechos es tiranía, y los derechos sin seguridad son mera retórica. Por ello, corresponde seguir construyendo confluencia, porque solo así los Derechos Humanos y la Seguridad Nacional podrán caminar verdaderamente de la mano.
