Magistrada Army Ferreira abordó el tema “Justicia constitucional y democracia sostenible. Tribunal Constitucional dominicano – núcleo competencial funciones, corrección y límite”. (Foto: Prensa TC)
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EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ.- La magistrada del Tribunal Constitucional Army Ferreira destacó que las amenazas a la democracia contemporánea toman formas distintas a las amenazas del pasado, que actualmente son silenciosas, disfrazadas de normalidad y muchas veces justificadas en la necesidad de garantizar la paz dentro de un país, lo que da lugar a llevar prácticas totalmente divorciadas con los valores democráticos.
Enfatizó en que la justicia constitucional cumple con la doble función de corregir distorsiones normativas heredadas del autoritarismo y evitar desviaciones actuales del poder dentro de los límites constitucionalmente establecidos.
Mediante un comunicado, se indicó, que estas consideraciones fueron expuestas durante su participación en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional (WCCL) 2026, celebrado recientemente en la Universidad Externado de Colombia, donde intervino en el taller «La democracia sostenible y la crisis del constitucionalismo» con la ponencia «Justicia constitucional y democracia sostenible. Tribunal Constitucional dominicano: núcleo competencial, funciones, corrección y límites».
En su disertación, afirmó que la experiencia dominicana ofrece una respuesta interesante a la pregunta sobre cómo contribuye la justicia constitucional a la consolidación de una democracia sostenible, realizando un estudio de precedentes constitucionales dominicanos que ponen en evidencia el papel del Tribunal Constitucional para la democracia, desde el ejercicio de una justicia constitucional activa, pero institucionalmente autocontenida.
De acuerdo con la magistrada Ferreira el sostenimiento de la democracia no se limita a que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio de manera periódica, sino a la relación coherente que existe entre el ordenamiento jurídico, el Estado de derecho y la consolidación de una jurisprudencia constitucional capaz de: 1o. corregir la herencia autocrática, 2o. enderezar distorsiones actuales del orden constitucional que atenten contra la separación de poderes y 3o, hacerlo dentro del marco de sus competencias. Por lo cual analizó el rol de la justicia constitucional como garante de una democracia sostenible desde tres ejes conexos.
En primer orden explicó sentencias del TC que han declarado la inconstitucionalidad de disposiciones normativas adoptadas durante la tiranía, lo cual consideró como un proceso de depuración que garantiza que el sistema jurídico vigente sea plenamente compatible con la Constitución democrática actual.
Sobre ese tema, aseguró que «la eliminación de disposiciones heredadas de un régimen autoritario representa una forma de justicia constitucional correctiva que reafirma la supremacía constitucional y la ruptura material con el pasado no democrático».
En segundo lugar, la magistrada Ferreira se refirió al análisis de precedentes relacionados con la usurpación de funciones entre los poderes del Estado, resaltando que ese tipo de decisiones permite observar cómo el Tribunal Constitucional (TC) dominicano ha delimitado el alcance de las competencias de esos órganos. Además, reveló que «la defensa de la democracia exige preservar la arquitectura institucional diseñada por la Constitución».
El último eje planteado por la jueza estuvo relacionado con el aspecto estructural, que atañe a la legitimidad de la justicia constitucional, puesto que cuando un órgano asume funciones que la Constitución atribuye a otro, se rompe el equilibrio institucional requerido para el sostenimiento del sistema democrático. Por ello, sostuvo que el Tribunal Constitucional debe tener claro cuáles son las facultades que se encuentran dentro de su núcleo competencial, afirmando que no se trata de ser extremadamente deferente como para no cumplir su rol, ni tampoco excesivamente extensivo en el ejercicio de sus funciones como para atentar contra el principio de separación de poderes.
Concluyó que el principal desafío de la justicia constitucional del siglo XXI no consiste únicamente en controlar el poder, sino en hacerlo sin sustituir a los actores democráticamente legitimados.
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