Senadores declaran de urgencia y aprueban en dos lecturas consecutivas modificaciones al nuevo Código Penal – (Ilustración: El Nuevo Diario)

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado declaró de urgencia y aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica el nuevo Código Penal, luego de que la iniciativa fuera incluida en la agenda del día durante la sesión.

La pieza legislativa fue sometida a consideración del pleno y recibió el respaldo de los senadores en primera y segunda lectura consecutivas, agotando así el trámite correspondiente en el Congreso Nacional.

Con una votación de 25 votos a favor y tres en contra, el proyecto que introduce modificaciones a la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, queda pendiente de ser remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si procede con su promulgación o si formula observaciones a la legislación.

La aprobación se produce luego de un proceso de revisión y discusión de la nueva normativa, que había sido objeto de modificaciones durante su paso por la Cámara de Diputados y posteriormente conocida por la Cámara Alta.

El nuevo marco legal, cuya entrada en vigencia está prevista para el 3 de agosto de 2026, ha generado un amplio debate entre distintos sectores de la sociedad debido al alcance de sus disposiciones y a las modificaciones planteadas durante el proceso legislativo.

Con la aprobación de las modificaciones en dos lecturas consecutivas, el Senado concluye la fase legislativa de la iniciativa y la remite al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales correspondientes.

Durante los debates previos, los senadores del partido opositor Fuerza del Pueblo, Omar Fernández y Félix Bautista, sometieron varias propuestas de modificación que fueron rechazadas por sus colegas.

Fernández presentó tres propuestas con el objetivo de perfeccionar el contenido de la ley antes de su entrada en vigencia y evitar disposiciones que, a su juicio, podrían afectar derechos fundamentales o generar interpretaciones contradictorias.

La primera propuesta planteaba modificar el artículo 123, relativo al hostigamiento cibernético, para eliminar la parte que establece como condición que el material difundido, cuando se trate de una excepción vinculada a asuntos de relevancia pública, tenga sustento en hechos ciertos y comprobables.

Según Fernández, esta disposición podría constituir una forma de censura previa y afectar la libertad de expresión.

Como segunda modificación, propuso ajustar el artículo 161, relacionado con las sanciones por agresiones, para establecer una diferenciación más precisa entre las lesiones causadas a la víctima. Asimismo, planteó distinguir entre lesiones no permanentes, lesiones permanentes y aquellos casos en que la agresión provoque la muerte, con penas proporcionales a la gravedad del daño ocasionado.

La tercera propuesta correspondía al artículo 211, sobre expresiones consideradas difamatorias, y contemplaba eliminar el numeral cinco, así como los párrafos primero y tercero.

El legislador opositor argumentó que deben protegerse las informaciones sustentadas en elementos probatorios y precedidas de una verificación razonable, además de corregir disposiciones que podrían generar contradicciones respecto de la responsabilidad civil y de los escritos presentados ante los tribunales de justicia.

En tanto, Bautista solicitó, mediante una moción que fue rechazada, que se otorgara vacación legal a los artículos 2.10, 8, 12, 24, 47, 48, 49, 68, 106, 107, 108, 110, 111, 124, 130, 131, 136, 142, 158, 170, 173, 176, 177, 184, 185, 188, 192, 195, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 221, 225.6, 225.9, 226.13, 227, 229, 232, 260, 261, 263, 271, 273, 275, 278, 283, 284, 285, 286, 290, 297, 299, 303, 304, 305, 308, 310, 311, 312, 315, 317, 320, 324, 325, 327, 330, 334, 337, 339, 340, 341, 351, 352, 354.1, 367, 379, 380, 384, 388 y 29.6.

El senador independiente Antonio Taveras también presentó propuestas para incluir en el nuevo marco jurídico la despenalización del aborto en situaciones especiales, la tipificación de la violencia vicaria y otros aspectos que tampoco encontraron respaldo en el hemiciclo.


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