Santo Domingo. – La puesta en libertad de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva en Dajabón, sin recibir una sentencia definitiva, ha generado preocupación entre juristas, quienes consideran el caso una de las fallas más graves del sistema de justicia dominicano y advierten que el Estado podría enfrentar acciones legales por los daños ocasionados.
Abogados consultados coincidieron en que mantener a una persona privada de libertad durante dos décadas sin que su proceso judicial concluyera constituye una grave violación a los derechos fundamentales y al principio de presunción de inocencia.
«Veinte años que perdió de su vida, ¿quién se los va a devolver?», cuestionó el abogado Gabriel Minaya.
En la misma línea, el jurista Richard Peña calificó el caso como un precedente alarmante en materia de derechos humanos.
«Que una persona permanezca 20 años sin que su proceso haya sido definido constituye uno de los peores precedentes de violación a los derechos humanos», afirmó.
Por su parte, Gabriel Minaya sostuvo que una situación de esta naturaleza resulta jurídicamente insostenible dentro del modelo procesal penal vigente.
«Es inaceptable, totalmente improcedente e imposible de sostener jurídicamente», expresó.
Los especialistas consideran que este caso debe motivar una revisión exhaustiva de los expedientes de personas bajo prisión preventiva, con el fin de determinar si existen otros casos similares y corregir posibles fallas del sistema judicial.
El abogado Radhamés Ciprián Escalante afirmó que el afectado podría reclamar una indemnización al Estado por los perjuicios sufridos.
«Claro que deben producirse demandas contra el Estado, porque eso vulnera todo tipo de derechos», manifestó.
En ese sentido, los juristas recordaron que el Código Procesal Penal contempla mecanismos para reclamar una reparación cuando una persona ha permanecido privada de libertad de manera injustificada.
La abogada Leidy Feliz expresó su preocupación por el tiempo que duró la prisión preventiva.
«Nos sorprende que, a estas alturas, el sistema haya permitido una prisión preventiva durante 20 años. Desconocemos los detalles particulares del caso, pero evidentemente el sistema le falló», indicó.
El caso salió a la luz luego de que la Oficina Nacional de Defensa Pública, a través de su representación en Montecristi, lograra la libertad del hombre, quien permanecía recluido desde junio de 2006 en un centro penitenciario de Dajabón bajo una medida de prisión preventiva que nunca concluyó con una sentencia definitiva.
El hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, recuperó su libertad en febrero de este año tras las gestiones realizadas por la Defensa Pública.
