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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Nacional de Chile firmaron un acuerdo de cooperación jurídica internacional para crear un equipo conjunto de investigación contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado transnacional.
El convenio fue suscrito por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional impulsada por el Ministerio Público dominicano.
Se trata del primer acuerdo de este tipo firmado por República Dominicana bajo el amparo de la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.
Durante el acto, Reynoso destacó que la trata y el tráfico de personas constituyen una prioridad estratégica para el Ministerio Público y subrayó que estos delitos requieren una respuesta coordinada entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales.
La magistrada explicó que las investigaciones por trata de personas suelen desarrollarse de forma paralela con pesquisas por lavado de activos, debido a que las organizaciones criminales buscan introducir en la economía formal los beneficios obtenidos de manera ilícita.
Asimismo, señaló que, incluso antes de la firma del convenio, fiscales de ambos países ya colaboraban en investigaciones conjuntas bajo los mecanismos de cooperación previstos en la Convención de Palermo.
De su lado, Valencia afirmó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y cuerpos policiales de ambas naciones para fortalecer la persecución del crimen organizado transnacional.
El fiscal chileno sostuvo que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes representan un fenómeno que afecta tanto a Chile como a República Dominicana, por lo que consideró indispensable intercambiar experiencias y coordinar estrategias para combatir estas redes criminales.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año y contempla la coordinación de investigaciones sobre tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, delitos económicos y corrupción, así como el intercambio de información, la obtención de pruebas y la protección de las víctimas.
La firma del convenio contó también con la participación de la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y del fiscal regional metropolitano Centro Norte de Chile, Francisco Jacir Manterola, además de autoridades diplomáticas y representantes de organismos de seguridad de ambos países.
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