EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cofundadora y CEO de ComplyOn SRL, Alexandra Suberví Bello, afirmó que uno de los cambios más relevantes que introduce el nuevo Código Penal para el sector empresarial es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una figura que, según explicó, ya existe desde hace años en países como España, México y Colombia.
“La relevancia más importante en la parte empresarial que ha tenido la República Dominicana con esta reforma del Código Penal es que se agrega esa figura nueva, la responsabilidad penal de las personas jurídicas», agrgó.
Suberví explicó que la nueva disposición establece que las empresas podrán ser penalmente responsables por los delitos que se cometan dentro de su organización, ya sea por un empleado, un directivo o cualquier otro integrante de la empresa, cuando no puedan demostrar que adoptaron controles eficaces para prevenir esas conductas.
Precisó que esta responsabilidad no se limita al lavado de activos, sino que alcanza un amplio catálogo de delitos, entre ellos estafas, corrupción y trata de personas, por lo que su aplicación abarca desde pequeñas empresas hasta farmacias, ferreterías, inmobiliarias, hospitales y otros tipos de organizaciones, dependiendo de la naturaleza de sus operaciones.
Asimismo, indicó que cuando una empresa carece de mecanismos de control y uno de sus trabajadores incurre en una conducta delictiva, la persona jurídica también podría ser imputada por no haber implementado las medidas de prevención requeridas.
“El compliance es un sistema que abarca desde el eslabón más bajo hasta el más alto. Abarca controles, auditorías y formación para que los empleados sepan qué cosas pueden hacer y qué cosas no», indicó.
Suberví ofreció estas declaraciones al ser entrevistada por los comunicadores Hanfier Polanco y Máximo Miñón en el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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La especialista explicó que un sistema de compliance incluye políticas internas, códigos de conducta y valores, auditorías, controles y capacitación continua para prevenir riesgos dentro de las organizaciones.
Además, consideró que la aplicación de esta figura corresponderá al Ministerio Público por tratarse de una materia de orden penal, aunque entiende que, al ser una disposición reciente, con el tiempo se establecerán lineamientos que aporten mayor claridad sobre su implementación.
En ese orden, recomendó a las empresas realizar procesos de debida diligencia antes de establecer relaciones comerciales con socios o proveedores, al considerar que el riesgo de no hacerlo es mucho mayor que el de invertir en mecanismos de prevención y cumplimiento.
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