El sector salud de la República Dominicana presentó un frente unificado ante el Congreso Nacional para solicitar la modificación del régimen de responsabilidad penal médica contenido en el nuevo Código Penal.
Instituciones como el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Dominicano de Cirujanos, gremios de enfermería y el Colegio de Odontólogos depositaron propuestas de reforma independientes con el objetivo de establecer una frontera jurídica inequívoca entre la negligencia médica punible y el error involuntario o las complicaciones científicas inevitables.
Los profesionales de la medicina argumentan que la redacción vigente de la Ley núm. 74-25 criminaliza la práctica médica y fomenta la llamada “medicina defensiva”, donde los especialistas priorizan salvaguardas legales antes que la atención crítica de los pacientes. El gremio de cirujanos advirtió que esta situación encarece los servicios de salud y ralentiza la toma de decisiones en emergencias y quirófanos.
Entre las demandas específicas, los sanitarios solicitan que la vía penal quede reservada únicamente para casos de dolo, abandono deliberado del paciente o negligencia temeraria manifiesta.
Para errores humanos cometidos de buena fe, proponen que la responsabilidad se canalice por la vía civil mediante indemnizaciones pecuniarias, evitando que un médico enfrente prisión por variables biológicas fuera de su control.
Las propuestas también incluyen condicionar cualquier acción penal del Ministerio Público a un dictamen técnico previo emitido por un cuerpo colegiado de médicos-legistas independientes. El Colegio de Odontólogos pidió además excluir del ámbito de persecución el uso legítimo de anestésicos y sedantes esenciales para la práctica clínica.
La Asociación de Clínicas Privadas (ANDECLIP) y los gremios de enfermería coincidieron en que las deficiencias de equipos o insumos hospitalarios no deben imputarse como negligencia del personal médico.
La subcomisión legislativa recibió estas observaciones con el compromiso de evaluar un punto de equilibrio que proteja los derechos de los pacientes sin desincentivar la práctica de la medicina en el país.
