Una amplia coalición de organizaciones feministas y gremios de mujeres presentó ante el Congreso Nacional propuestas de reforma al nuevo Código Penal, con el objetivo de lograr la inclusión definitiva de las llamadas “Tres Causales” para la despenalización del aborto en circunstancias excepcionales.
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, el Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas, sindicatos de trabajadoras y colectivos feministas depositaron documentos que buscan modificar los artículos 110 y 111 de la Ley núm. 74-25.
La demanda central es que las mujeres y el personal médico no sean sancionados penalmente cuando el embarazo sea interrumpido bajo tres condiciones: peligro inminente para la vida o salud de la gestante, malformación congénita incompatible con la vida extrauterina, y concepción producto de violación sexual o incesto.
Las organizaciones argumentan que mantener una prohibición absoluta vulnera compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado dominicano. Además, sostienen que la penalización incondicional constituye una forma de “violencia institucional” que afecta de manera desproporcionada a mujeres de bajos recursos y desprotege al personal de salud en emergencias obstétricas.
La propuesta también contempla un marco regulatorio para guiar la objeción de conciencia y protocolos médicos, así como endurecer las sanciones contra el aborto forzado, con penas de hasta 30 años de prisión para quienes induzcan o practiquen una interrupción sin consentimiento de la mujer.
Las observaciones generaron un intenso debate en la subcomisión bicameral, donde otros sectores tradicionales expresaron posturas divergentes. Los legisladores Catrain, Martínez y Polanco aseguraron que el análisis de los artículos se realizará bajo un enfoque constitucional, legal y de salud pública, con el propósito de conciliar posiciones y responder a las demandas históricas sobre los derechos fundamentales de las mujeres en República Dominicana.
