Surún Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia. (Fuente externa).
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia denunció este martes la supuesta existencia de preparativos para instaurar un Estado Policial en la República Dominicana, a través de la aprobación sin consenso de un nuevo Código Procesal Penal.
La organización advierte que la medida no solo desacataría numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, sino que también atentaría contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución, específicamente en los artículos 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal) y 69 (Tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia).
Según la denuncia, la reforma propone extender a 36 meses el plazo de la prisión preventiva y a 6 años la duración del proceso penal. Además, critica que se consagre que la duración del proceso será determinada por el juez, basándose en la complejidad del caso, lo que consideran inconstitucional. Otro punto controversial es la creación de la figura de la «reiteración delictiva», que permitiría aplicar la prisión preventiva automática a personas sujetas a múltiples acusaciones por parte del Ministerio Público, lo cual, a juicio de la fundación, contraviene el derecho a la presunción de inocencia.
La Fundación Primero Justicia también señala que la reforma consagra el derecho del juez a imponer medidas de coerción al margen de la solicitud de las partes involucradas, violando la separación de funciones jurisdiccionales. Adicionalmente, critica que la simple interposición de la revisión de la medida de coerción o del recurso de apelación interrumpa el plazo máximo de la prisión preventiva, vulnerando el principio de favorabilidad y sancionando al imputado por ejercer su derecho a recurrir. También se cuestiona la imposición de medidas de coerción sin audiencia previa ni citación al imputado.
De acuerdo con Surun Hernández, «una reforma al Código Procesal Penal no puede ser producto de una actuación de emergencia por la expiración del plazo consagrado en la Sentencia TC/0765/2024 del Tribunal Constitucional, sino del análisis profundo de las consecuencias que pueda tener en cuanto a la afectación o no de los derechos fundamentales y sobre todo el debido proceso».
En consecuencia, la Fundación Primero Justicia considera que lo más adecuado sería aprobar una legislación «puente» idéntica a la Ley 10-15, excluyendo los aspectos censurados por el Tribunal Constitucional, hasta que se alcancen los consensos necesarios para una reforma integral. Esto, según la organización, evitaría «estragos y errores que posteriormente podrían costarle caro a la institucionalidad democrática en la República Dominicana».
Relacionado
