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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos manifestó este martes su respaldo a la penalización de los delitos de difamación e injuria, siempre que no se afecte el derecho a la libertad de expresión.
«Con el auge de los medios digitales y la facilidad de financiación de medios y campañas mediáticas se ha hecho costumbre que cualquiera por dinero o intereses personales, utilice los medios para difamar, injuriar y dañar reputaciones», afirmó la periodista y maestra, Cristal Acevedo.
La presidenta del Observatorio también explicó que el acceso que tienen los ciudadanos a redes sociales y medios digitales informativos ha incentivado que estos recursos mediáticos sean utilizados de manera deliberada en detrimento del derecho que tiene la población de recibir información oportuna.
Sin embargo, la fundadora del Observatorio, fue enfática en que la penalización de la difamación y la injuria debe limitarse a quienes comentan estos delitos sin afectar el ejercicio de la libertad de expresión, derecho constitucional que tiene la ciudadanía de expresar por cualquier medio su opinión.
Con respecto a la solicitud que han hecho algunos sectores de que se postergue la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, Acevedo agregó que coincide con la Procuradora General de la República, magistrada Yenni Berenice Reynoso, al considerar que postergar su entrega en vigor solo beneficia a los delincuentes.
«A mí lo que más me llama la atención es que cuando desde el Poder Ejecutivo se quiso aprobar la modificación a la Ley 61-32, no vi a nadie protestando. Cuando esa pieza jurídica sí lesionaba directamente la libertad de expresión y el funcionamiento democrático de los medios», recordó Acevedo tras destacar que en ese momento solo el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos enfrentó al Gobierno en contra de la aprobación de la modificación a esa ley.
La pieza legislativa que modificaría la Ley 61-32, sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, entre otras aberraciones jurídicas, incluía la censura previa, el control de plataformas y la creación de un Instituto de Comunicación que funcionaría en el Ministerio de Cultura, para censurar a quienes quisieran emitir su opinión sobre cualquier tema.
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