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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el Gobierno garantizará el derecho de los ciudadanos a manifestarse de forma pacífica, al referirse al anuncio de una nueva protesta convocada por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) frente al Palacio Nacional.
La funcionaria explicó que el Ministerio de Interior y Policía ya recibió la notificación correspondiente para la actividad y precisó que la institución emite una “no objeción” a este tipo de solicitudes con el propósito de coordinar las medidas necesarias para preservar el orden público y la seguridad vial.
Raful indicó que el trámite no representa una autorización o rechazo de la protesta, sino un mecanismo para coordinar con la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) las rutas alternas y las acciones preventivas que permitan el desarrollo de la manifestación sin afectar el desplazamiento de los demás ciudadanos.
«La no objeción que llega a la solicitud ante una manifestación pacífica, como siempre pasa, es otorgada», expresó la ministra al responder preguntas de periodistas.
Asimismo, sostuvo que el objetivo del procedimiento es garantizar que quienes participen en la protesta puedan ejercer su derecho de manera pacífica, al tiempo que se protege la libre circulación de las personas que no formen parte de la manifestación.
La titular de Interior y Policía enfatizó que el ejercicio de los derechos debe ir acompañado del cumplimiento de los deberes establecidos por la ley.
«Para exigir derechos debemos cumplir deberes. Los procesos y las leyes están para cumplirlas», manifestó.
Raful reiteró que República Dominicana es un país democrático y que el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a expresarse públicamente, siempre que las manifestaciones se desarrollen dentro del marco legal y sin vulnerar los derechos de terceros.
Finalmente, afirmó que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y recordó que ese principio forma parte de las garantías fundamentales que su gestión asegura defender, siempre bajo el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos.
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