A pesar del crecimiento económico experimentado durante las últimas décadas, la participación de los salarios en la riqueza generada por la economía se ha reducido progresivamente, aseguró el economista Francisco Tavárez.
Sostuvo que mientras la productividad laboral aumenta, el poder adquisitivo de los trabajadores permanece estancado y la distribución de los frutos del crecimiento favorece crecientemente al capital.
Expresó que durante años se han creado incentivos, exenciones y marcos regulatorios destinados a fortalecer la rentabilidad empresarial bajo el argumento de promover la competitividad y la inversión.
Sin embargo, la discusión sobre salarios y derechos laborales suele estar condicionada por los mismos criterios, relegando a un segundo plano la mejora efectiva de las condiciones de vida de los trabajadores.
“El resultado es una economía que crece, pero cuyos beneficios se distribuyen de manera cada vez más desigual”, dijo el catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Planteó que la pregunta fundamental no es únicamente cuánto crece una economía, sino quién define las reglas que distribuyen los beneficios de ese crecimiento.
Consideró que cuando determinados grupos económicos poseen una influencia desproporcionada sobre las instituciones públicas, las políticas estatales dejan de perseguir prioritariamente el interés colectivo y pasan a responder a intereses particulares. En esas circunstancias, la desigualdad no es una falla del sistema, sino el resultado esperado de su funcionamiento.
Señala que la captura del Estado no se expresa únicamente mediante privilegios explícitos o actos de corrupción. Se manifiesta, sobre todo, cuando las políticas económicas que deberían corregir las desigualdades del mercado son diseñadas de tal forma que terminan reforzándolas.
Sostiene que en el país este fenómeno puede observarse con claridad en tres ámbitos fundamentales: la política fiscal, la política laboral y la seguridad social. Precisamente los tres pilares que, en cualquier sociedad moderna, deberían actuar como mecanismos de redistribución del ingreso y de promoción del bienestar social.
Explicó que en el caso de la política fiscal el país, durante décadas, ha acumulado problemas estructurales ampliamente conocidos: elevados niveles de evasión tributaria, regímenes de exenciones fiscales que pocas veces son objeto de evaluación rigurosa y una carga tributaria caracterizada por importantes rasgos de regresividad.
A pesar de ello, las reformas necesarias para enfrentar estos desafíos permanecen estancadas, dijo.
Afirmó que la discusión de un pacto fiscal integral, establecido incluso en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ha sido pospuesta una y otra vez porque implicaría revisar beneficios que favorecen a sectores con gran capacidad de influencia sobre las decisiones públicas.
Explicó que, debido a eso, las reformas suelen limitarse a medidas coyunturales orientadas a cerrar déficits inmediatos, evitando alterar los factores estructurales que reproducen las inequidades del sistema tributario.
Sostuvo que la seguridad social representa quizás el ejemplo más revelador de esta lógica. En principio, todo sistema de seguridad social debe tener como propósito fundamental proteger a las personas frente a los riesgos asociados a la enfermedad, la discapacidad, la vejez o la muerte. Su razón de ser es garantizar seguridad económica y dignidad humana.
Señaló que, no obstante, en el caso dominicano la estructura del sistema ha favorecido la consolidación de un importante mercado financiero sostenido por los aportes de millones de trabajadores. Los fondos acumulados superan los RD$1.3 billones, pero las expectativas de reemplazo salarial para una gran parte de los cotizantes continúan siendo insuficientes para garantizar una vejez digna, dijo.
Se produce así una paradoja evidente: mientras aumenta la acumulación de recursos financieros, persisten dudas legítimas sobre la capacidad del sistema para cumplir adecuadamente con su función social, indicó.
Consideró que la política fiscal no redistribuye suficientemente; la política laboral limita la participación de los trabajadores en la riqueza creada; y la seguridad social canaliza recursos hacia circuitos de acumulación financiera con efectos limitados sobre el bienestar futuro de quienes los aportan.
“Lo que conecta estos tres fenómenos es la capacidad de determinados grupos económicos para influir sobre las reglas que organizan la economía”, sostuvo.
Planteó que el principal problema de la desigualdad dominicana no radica exclusivamente en el mercado, ni se explica únicamente por la adopción de políticas inspiradas en la subsidiariedad del Estado.
El problema central, a su juicio, es que los instrumentos que deberían corregir los resultados del mercado han sido condicionados por una estructura de poder que limita su función redistributiva. La captura del Estado convierte a la política económica en un mecanismo de reproducción de privilegios, en lugar de una herramienta para ampliar oportunidades y promover la movilidad social.
