Comunicador Edward Ramírez pide al gobierno crear un Registro Único de Motocicletas
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez consideró que el Estado dominicano debe intervenir para propiciar un diálogo entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y la banca dominicana, al entender que la suspensión de los pagos con tarjeta en las estaciones de combustible representa un retroceso para el país.
Sostuvo que, aunque en la República Dominicana existe libertad de empresa, el Gobierno debe actuar cuando una decisión del sector privado pueda generar consecuencias que afecten a la población y al interés público.
“El Estado tiene que intervenir, porque al final de cuentas el caos social que esto crea es un perjuicio para el Estado”, insistió.
Ver comentario en el programa “Enfrentados”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
Advirtió que eliminar los pagos con tarjeta obligaría a los ciudadanos a llevar dinero en efectivo para abastecerse de combustible, lo que, significa un retroceso en materia de modernización y aumenta los riesgos asociados a la inseguridad.
Asimismo, afirmó que el Estado no debe permitir que este conflicto derive en una crisis que incentive un mayor uso de efectivo en las calles, ya que esto incrementaría la circulación de dinero y la exposición de las personas a hechos delictivos.
“Esto es un retroceso para el país, porque van a obligar a la gente a andar con efectivo para pagar en las estaciones de combustibles. En pleno siglo XXI volviendo al 2000, ¿en serio, República Dominicana?”, exclamó Ramírez.
Señaló que la medida fomentaría la informalidad con la que tanto ha luchado el Estado por años.
“Usted sabe lo que implica poner a la gente a volver a la informalidad, casi la mitad de los actores económicos conviven con actores informales y que ahora usted no pueda pagar con tarjeta en las estaciones de gasolina, eso es fomentar la informalidad”, enfatizó.
En ese sentido, insistió en que el principal perjudicado sería el propio Estado, por el impacto económico y social que podría generar la medida. Por ello, reiteró que el Gobierno debe reunir a ambas partes, facilitar una negociación y promover un consenso que permita encontrar una solución al conflicto.
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