Diputado por la provincia de Jorge Leonardo Tavárez Valdez. (Foto de Wandel Almonte).

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia de Jorge Leonardo Tavárez Valdez consideró que la aprobación del nuevo Código Penal representa un gran avance para la sociedad dominicana y afirmó que centrar el debate únicamente en sus aspectos negativos solo retrasa el desarrollo del país.

“Nosotros entendemos que hemos dado un gran paso y por eso no debemos detenernos a solamente ver lo malo, sino lo que hemos logrado después de tantos años, lo que hemos logrado incluir que no existía”, expuso.

Aunque favoreció que se extienda el período de vacatio legis para revisar algunos aspectos del texto antes de su aplicación, el legislador aseguró que el Código Penal contiene un 95 % de elementos positivos y lamentó que, luego de años de debate, algunos sectores hayan comenzado a expresar sus preocupaciones cuando la normativa está próxima a entrar en vigor.

Tavárez Valdez realizó estas afirmaciones durante una entrevista concedida en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Hay algunos sectores que se han quejado mucho, principalmente el Colegio Médico Dominicano, que se está atribuyendo que ellos van a entrar en constante falta con la ley, y yo creo que ellos deberían revisar esa parte. No es posible que usted le tema a que se falsifique un certificado médico si usted no lo falsifica”, comentó.

Agregó que “nosotros no podemos partir de que una norma venga a condenar a toda la población; yo entiendo que tenemos que conocer los deberes y derechos que tenemos y posteriormente, lo que infringe la ley”.

Aun así, insistió en que el Congreso debe escuchar a todos los sectores involucrados. Señaló que la función de los legisladores no solo consiste en aprobar leyes, sino también en representar a la ciudadanía, por lo que consideró conveniente establecer un plazo prudente para revisar los puntos cuestionados y lograr que el Código Penal entre en vigor a inicios de 2027 con los temas pendientes resueltos.

“Yo creo que se puede tener un plazo prudente para que a principio de este 2027 nosotros podamos tener un Código Penal que entre en vigor con todo resuelto”, expuso.

Sobre el artículo 310, que sanciona el delito de ultraje contra funcionarios públicos con penas de entre 15 días y un año de prisión menor, el diputado expresó que esa disposición no debió incluirse de esa forma en el Código Penal.

Explicó que la protección a los legisladores mediante el fuero legislativo ya está reconocida en la Constitución y forma parte de los sistemas democráticos donde existe un Poder Legislativo.

“Eso no debió contemplarse de esa manera, porque, es cierto, a simple vista, y el que no analiza profundamente y no sabía que eso existía, lo que va a pensar es que se están creando privilegios ellos mismos, pero la realidad es que eso existe previo al Código Penal; el fuero legislativo es algo que siempre ha estado presente en todas las democracias del mundo”, aseguró.

En cuanto a los artículos relacionados con la difamación, la injuria y la difamación extorsiva, cuestionados por distintos sectores por considerarlos una posible ley mordaza, el legislador estimó que es posible revisar su redacción para hacerla más clara y comprensible para toda la población.

Al referirse a la parte de código que aborda la difamación, la injuria y la difamación extorsiva interpretada por la sociedad como la ley mordaza, el legislador estimó que es posible revisar estos artículos en traducirlos en un lenguaje más llano que permita a toda la población entenderlos, además de

Asimismo, planteó la posibilidad de diferenciar con mayor precisión los distintos tipos de difamación y destacó que la intención de causar daño debe ser un elemento fundamental para configurar ese delito.

“Dicen que hay ambigüedades, pues hay que ponerlo más llano para el pueblo, porque el Código Penal es una norma que se presume todo el mundo debe entenderla”, indicó.

Sin embargo, manifestó que no considera excesivas las penas de cárcel contempladas para estos delitos, al entender que en la actualidad debe otorgarse una mayor protección a la honra y a la imagen de las personas.


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