El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el cabo policial que mató a un joven el pasado viernes en el sector de Herrera, del municipio Santo Domingo Oeste.

El cabo José Francisco Moreta Heredia fue imputado por causarle la muerte de un disparo de arma de fuego al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 18 años de edad.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho de “indignante” y anunció, la mañana del sábado, que los fiscales a cargo del caso solicitarán la imposición de la medida de coerción contra el imputado por homicidio voluntario.

El Ministerio Público depositó la tarde del sábado la solicitud de medida de coerción contra Moreta Heredia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, siendo fijada la audiencia para este lunes, 6 de julio de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía.

De acuerdo con la imputación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando el procesado realizaba labores de patrullaje en La Cañada de Guajimía, y se encontraba requisando al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima Darlin Enmanuel Mercado Reyes.

El Ministerio Público establece que, cuando la víctima Mercado Reyes se acercó al agente policial para indicarle que la motocicleta le pertenecía, el imputado, sin mediar palabras, le realizó un disparo en el tórax que le ocasionó la muerte de manera instantánea, conforme al acta de levantamiento de cadáver núm. 0111474.

Los hechos fueron grabados por Ceballos Guzmán, desde su teléfono celular, el cual será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su posterior extracción.

El órgano persecutor calificó jurídicamente los hechos como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado, al considerar que existen más que suficientes elementos de prueba que comprometen su responsabilidad penal en el hecho investigado, además de que no hay arraigos paea garantizar la presencia del imputado a todos los actos del proceso.

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