De izquierda a derecha el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Samuel Peña y Miguel Liberato, directivos del CIC (Foto: Fuente externa)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó formalmente al Congreso Nacional que invite al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, a comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda para explicar al país por qué, a más de dos meses de promulgada la Ley 16-26, todavía no se ha anunciado oficialmente la conformación ni el inicio de los trabajos de la comisión encargada de ejecutar esa legislación.
La petición fue depositada este miércoles en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Samuel Peña y Miguel Liberato.
El CIC sostuvo que el Congreso Nacional, como órgano de representación y fiscalización democrática, debe conocer de primera mano cuáles son las razones que han impedido que una ley aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo continúe sin ponerse en marcha, manteniendo en la incertidumbre a decenas de contratistas de obras públicas que esperan desde hace años el reconocimiento y pago de sus acreencias.
La entidad señaló que la conformación de la comisión ejecutora constituye el primer paso indispensable para iniciar la validación, depuración y reconocimiento de los expedientes, por lo que la ausencia de un anuncio oficial mantiene paralizada la aplicación práctica de la Ley 16-26.
Igualmente, los constructores de obras estatales consideran que la comparecencia del ministro ante la Comisión Permanente de Hacienda contribuiría a ofrecer explicaciones institucionales sobre el estado de implementación de la ley, el cronograma previsto para la instalación de la comisión ejecutora y las acciones que se adoptarán para garantizar su efectiva ejecución
“El país merece una explicación. Los contratistas merecen una explicación. El Congreso, que aprobó esta ley, también merece conocer qué ha impedido que se active el mecanismo creado para hacerla realidad”, expresó el Comité Institucional Codiano.
El CIC recordó que antes de acudir al Congreso agotó múltiples vías institucionales, entre las cuales cita que el primero de junio remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Economía solicitando información sobre la puesta en funcionamiento de la comisión ejecutora y que, tres semanas después, presentó una intimación por falta de respuesta.
Los contratistas también han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo y apoderó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que evaluara la situación desde la perspectiva de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
La organización afirmó que su solicitud no persigue confrontación política, sino transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento efectivo de una ley vigente, cuyo objetivo es hacer justicia a contratistas que durante décadas han esperado una solución a deudas reconocidas por el Estado.
Finalmente, el CIC exhortó a los presidentes de ambas cámaras legislativas a acoger la solicitud y disponer la comparecencia del ministro Magín Díaz ante la Comisión Permanente de Hacienda, al considerar que el país tiene derecho a conocer cuándo comenzará realmente la ejecución de la Ley 16-26 y cuál será el cronograma para poner en funcionamiento la comisión que debe hacer posible su aplicación.
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