Comunidad de La Cuaba marcha al Palacio Nacional en rechazo a instalación de vertedero.-(Félix Lara /END).-
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En protesta por un proyecto de vertedero, residentes en la Cuaba, en el municipio de Pedro Brand marcharon este miércoles al Palacio Nacional, rechazando la construcción de un relleno sanitario a menos de un kilómetro de sus viviendas.
Con pancartas y consignas «No queremos vertedero ni tampoco basudero», los residentes denuncian que el proyecto afectaría su salud y el bienestar de sus familias.
Fabio Correa, presidente de la junta de desarrollo de La Cuaba, afirmó que tienen más de un año luchando de manera interrumpida y seis años en esta lucha. «Tenemos un campamento que hoy cumplimos 63 días y las autoridades no hacen caso a nuestro llamado».
Hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que evalúe colocar el vertedero en un lugar que no haga daño al medioambiente.
«Por eso hemos venido aquí hoy, al Palacio Nacional, para que el presidente, que sabemos que es un hombre que se ha caracterizado por escuchar, nos escuche a nosotros».
Explicó que la decisión que ha tomado el Ministerio del Medio Ambiente de querer instalar un vertedero o planta de relleno sanitario es en un lugar inadecuado ya que en este espacio nacen diversas fuentes acuíferas.
«No estamos en contra de buscar un solución a los desechos sólidos, sino que debe ser en un lugar adecuado, como manda la ley».
¿Cuántas personas afecta este vertedero?
Según informó Correa, de manera directa, más de 40.000 personas serían afectadas, porque daña a todos los habitantes de lo que es el Distrito Municipal La Cuaba y zonas aledañas como Mama Tingó, Pedregal, Los Aguacates, La Guáyiga y otras zonas.
«Además de que esto también, de manera indirecta, vendría a afectar a todo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, porque somos nosotros los grandes suplidores de agua a través de nuestro río, tanto el río Higuero como el río Matúa, que damos agua al Gran Santo Domingo. Si afectamos esta fuente, entonces, ¿qué estaríamos haciendo?», preguntó el dirigente.
Recordó que el presidente de la República ha dado un decreto donde declara de alta prioridad el rescate de la cuenca Isabela y Ozama y no se puede envenenar, el río Matúa, el cual desemboca en lo que es el río Isabela.
Crítica al Ministerio de Medio Ambiente
En representación de la comunidad, Correa señaló que el Ministerio de Medio Ambiente es una entidad muda. «No sabemos si el ministro está de vacaciones o si lo cancelaron, porque él no dice nada».
Asimismo, agregó que el titular de Medio Ambiente solo sale a la prensa a decir que este es un buen proyecto y que no hay fuentes acuíferas, sin embargo esto quedó desmontado, ya que personalidades han tomado agua de los afuentes que nacen dentro de esta propiedad.
«Aquí hay muchas fuentes acuíferas, eso fue un informe amañado que ha hecho esa empresa con el geólogo Osiris de León, que se ha prestado para decir que aquí no hay ni una sola gota de agua en este lugar, cosa que es mentira», afirmó.
Desde que iniciaron con las movilizaciones, los comunitarios dijeron que no pararán hasta tener como respuesta el retiro de la compañía licitada para la construcción del verdadero.
El relleno sanitario se construiría en la calle principal de El Aguacate, en un terreno que tiene 1,500 tareas de extensión, frente a una de las granjas de Avitécnica, una empresa privada que se dedica a la crianza avícola, lo que los comunitarios denuncian que estaría en conflicto por la naturaleza de ambos.
A finales del 2025, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, informó que el proyecto no contempla un vertedero, sino una planta de valorización que proyecta solucionar las más de 6 mil toneladas de residuos sólidos que se generan en el Gran Santo Domingo.
Pese a los reclamos de la comunidad, la entidad otorgó el permiso para la construcción de la planta.
La lucha en contra de la construcción del relleno sanitario se remonta hasta 2021, año en que la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente para su instalación y, tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.
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