Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó este martes que se declare inadmisible una petición con la que un procesado pretende que se le devuelva un telefónico móvil aportado por los fiscales entre las pruebas del proceso judicial por presunta corrupción administrativa que se sigue contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
La jueza Patricia Padilla se reservó el fallo para el próximo 23 de julio.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, junto a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario Jochi Gómez, hizo la petición ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia, se refirió al tema en respuesta a preguntas de los medios sobre la petición del acusado relativa a la devolución de un móvil Samsung S3, cuyo valor ronda alrededor de 3,000 pesos en el mercado.
“Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, apostilló Pérez.
El representante del Ministerio Público explicó que el aparato forma parte de las evidencias de las extracciones que se hicieron en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), destacando que es una prueba importante en el proceso.
De acuerdo a la acusación, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red de semáforos y del sistema de videovigilancia, según establece la acusación.
En tanto que José Ángel Gómez Canaán (Jochi) es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Los demás son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red de semáforos, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red y la falsificación de certificaciones.
A petición del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados.
También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
