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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit) expresa estar en desacuerdo ante la aprobación en el Senado del proyecto de modificación a la Ley General de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos ya que no se conocen estudios técnicos que avalen los cambios propuestos.
La institución considera que deben existir razones sustentables que no se conocen al respecto.
Por lo anteriormente expuesto Adavit, en la persona de su presidenta, Karla Alonso, ratifica su posición y opina que toda reforma normativa debe estar avalada en análisis técnicos, procesos amplios de consulta y criterios de razonabilidad que sustenten adecuadamente los montos propuestos, así como su distribución entre los distintos sectores económicos, señala una nota informativa.
Este mismo sentir ha sido expresado en diversos medios de comunicación por instituciones hermanas como son: La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor) y la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri).
Estas entidades junto a Adavit hacen un llamado a fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre los sectores público y privado, con el propósito de construir una normativa técnicamente sustentada, económicamente viable, y que además vaya acorde al medio ambiente.
El propósito es que los sectores productivos no se vean afectados por cargas económicas desproporcionadas y los mismos consideran que cualquier contribución vinculada a la gestión de residuos debe guardar una relación directa con la realidad ambiental que procura regular.
Preocupa sobremanera que los montos establecidos en el proyecto no evidencien una metodología técnica sustentada en criterios objetivos y verificables. No se identifican fórmulas, parámetros o estudios que permitan establecer una relación proporcional entre la contribución propuesta, la generación efectiva de residuos y los costos reales asociados a su gestión.
Esta situación dificulta evaluar la razonabilidad de las cargas económicas previstas, genera incertidumbre respecto a su aplicación.
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